Un tribunal retira temporalmente la prohibición al ICE de represaliar a manifestantes pacíficos en Minnesota

El fallecimiento de Renee Good, una ciudadana estadounidense abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, ha generado debate sobre la actuación de las autoridades y ha sido defendido tanto por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, como por el expresidente Donald Trump. Noem y Trump han respaldado las acciones del agente implicado, aunque Trump expresó su desconcierto al conocer que el padre de la víctima es un simpatizante suyo, calificando como “horrible” el episodio, según consignó Europa Press. Este contexto de controversia coincide con la reciente decisión judicial que afecta la forma en la que ICE puede operar durante protestas pacíficas.

De acuerdo con Europa Press, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Octavo Circuito, con sede en St. Louis, Missouri, levantó temporalmente este miércoles las restricciones impuestas al ICE sobre el trato a manifestantes en Minnesota. Esta resolución se adoptó después de que la jueza federal Katherine Menendez emitiera un fallo que prohibía a los agentes federales tomar represalias, arrestar o detener a personas involucradas en protestas pacíficas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solicitó a la corte la suspensión administrativa de la orden de Menendez, petición que fue aceptada mientras se revisa la solicitud de suspensión total de dicha restricción, promovida también por la administración de Donald Trump. Los documentos judiciales revisados por Europa Press dieron cuenta del procedimiento judicial en curso.

La jueza Menendez había establecido una serie de limitaciones estrictas para las actuaciones del ICE en el contexto de protestas que no presenten violencia ni obstrucciones. Su decisión especificaba que los agentes federales no podrían tomar represalias contra quienes participaran en manifestaciones pacíficas, ni durante ni tras la observación de las actividades de la denominada Operación “Metro Surge”. Esta operación representa el esfuerzo federal antimigratorio en Minnesota, según documentó Europa Press. La orden precisaba prohibiciones concretas: no arrestar ni detener a manifestantes en represalia por su conducta protegida sin que existan pruebas de delito o sospecha razonable de que alguien impedía la labor de los agentes. Además, quedaba anulada la posibilidad de emplear gases irritantes, municiones no letales o herramientas para dispersar multitudes en protestas pacíficas.

Menendez también aclaró que impedir a ICE detener vehículos sin una base objetiva de sospecha y que el “seguimiento seguro” a agentes federales a distancia adecuada no constituía en sí mismo justificación suficiente para parar un automóvil. La magistrada argumentó que esta cautela buscaba garantizar el respeto a los derechos fundamentales durante el desarrollo de manifestaciones sin violencia.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional recurrió la decisión ante el tribunal de apelaciones. David Easterwood, director interino de ICE en la ciudad de St. Paul, defendió en la apelación la necesidad operativa de mantener tácticas policiales como el uso de gas lacrimógeno y dispositivos de dispersión. Europa Press indicó que, para Easterwood, limitar el acceso a estos medios resultaría “inviable, innecesario y pondría en mayor peligro la seguridad de las fuerzas del orden y del público”. El posicionamiento presentado expuso que, tras emitirse una orden de dispersión, quienes decidieran mantenerse en el lugar podrían ser objeto de “uso necesario y razonable de la fuerza”, incluyendo armas de impacto cinético o químico, así como aparatos de distracción. Según palabras de Easterwood, “Quienes no se dispersan al recibir la orden se identifican como una amenaza potencial para las fuerzas del orden”.

Las acciones de ICE en Minnesota, según detalló Europa Press, han suscitado discusiones públicas a raíz de situaciones como redadas en distintos inmuebles, detenciones durante manifestaciones y el uso de agentes químicos en eventos donde participaban menores, incluso un bebé. Estas prácticas han sido objeto de debate en torno al equilibrio entre la seguridad operativa y los derechos civiles de quienes protestan.

En el trasfondo de este proceso judicial y administrativo, la Corte de Apelaciones reconsidera ahora la validez de las limitaciones previstas por la sentencia de Menendez. Mientras tanto, los agentes federales recuperan temporalmente la posibilidad de emplear medidas habituales como las detenciones, los controles de vehículos y el uso de fuerza en situaciones de protesta. Europa Press subrayó que esta resolución provisional se definió como una medida administrativa y no representa una decisión definitiva sobre la permanencia o eliminación de las restricciones.

La Operación “Metro Surge”, eje de buena parte de las protestas y de la intervención federal en Minnesota, forma parte de estrategias más amplias impulsadas durante la administración de Donald Trump. Las autoridades sostienen que el despliegue de agentes federales y el uso de herramientas policiales responde a necesidades de control migratorio y mantenimiento del orden. Los manifestantes y organizaciones de defensa de derechos civiles han señalado que las intervenciones a veces exceden el uso legítimo de la fuerza y vulneran garantías constitucionales.

Mientras la Corte de Apelaciones analiza a fondo la legalidad y oportunidad de sostener o revocar la orden de Menendez, defensores y críticos del accionar federal en Minnesota permanecen atentos a la evolución del caso. Esta situación se produce en un contexto de alta tensión social y política, marcado tanto por episodios de violencia como por demandas de respeto a la protesta pacífica. Las posiciones enfrentadas entre autoridades federales y organizaciones civiles anticipan que el fallo final, aún pendiente, tendrá repercusiones sobre la manera en que los cuerpos federales pueden gestionar protestas y operativos migratorios en todo el país.