Periodista filipina crítica con militares es declarada culpable de financiar el terrorismo

AlterMidya, un colectivo de medios independientes en Filipinas, advirtió en un comunicado que la condena por financiamiento al terrorismo contra Frenchie Mae Cumpio supone un impacto más allá del caso individual, ya que representa un agravamiento de la impunidad y emite una señal de advertencia a quienes ejercen el periodismo, el activismo y la ciudadanía común sobre las consecuencias de denunciar irregularidades. De acuerdo con una información publicada por la agencia EFE, diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión y medios independientes consideran que el proceso judicial seguido contra Cumpio constituye una represalia por sus reportajes sobre abusos cometidos por fuerzas de seguridad en el país.

El tribunal de la ciudad de Tacloban, en la provincia de Leyte, halló culpable este jueves a Frenchie Mae Cumpio, de 26 años, del delito de financiar el terrorismo, según detalló EFE. No obstante, el tribunal absolvió a la periodista de los cargos relacionados con la posesión de armas y explosivos, por los que también estaba acusada. Cumpio, exdirectora de un portal digital enfocado en denuncias sobre actuaciones policiales y militares, permanece privada de libertad desde febrero de 2020, luego de un operativo nocturno realizado en su domicilio, donde la Policía declaró haber incautado un arma de fuego, una granada y una bandera comunista, conforme a la información citada.

Según la asociación de prensa filipina y medios locales, Cumpio enfrenta una posible condena de hasta 40 años de prisión. La organización AlterMidya y el Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP, por sus siglas en inglés) denunciaron que los cargos por financiamiento al terrorismo serían una construcción de las fuerzas de seguridad como represalia contra su trabajo como reportera. EFE señala que el comunicado de AlterMidya puntualizó: “El caso tiene consecuencias de gran alcance más allá de Frenchie Mae. Profundiza el clima de impunidad en el país y envía un mensaje alarmante a periodistas, activistas y ciudadanos comunes: la libertad de expresión tiene un alto precio”, subrayando críticas contra el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr.

El NUJP también se manifestó en contra del veredicto, calificando la sentencia como una injusticia e insistiendo en su compromiso de buscar la liberación de Cumpio. De acuerdo con EFE, el gremio periodístico sostiene que la acusada es víctima de persecución por ejercer su derecho a la libertad de información y por revelar casos de violaciones a los derechos humanos.

La detención de Cumpio se produjo en 2020 durante la fase más intensa de la guerra contra las drogas sostenida por la administración de Rodrigo Duterte, un periodo caracterizado por miles de muertes y abundantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado. Las actividades de la periodista, centradas en documentar y exponer estos hechos, fueron señaladas por varios colectivos como motivo principal del proceso judicial en su contra, según informó EFE.

El contexto general de la libertad de prensa en Filipinas se caracteriza por elevados riesgos para quienes ejercen el periodismo. Reporteros Sin Fronteras ha registrado el asesinato de 204 comunicadores desde 1986, con dos muertes documentadas únicamente en 2023, tal como consignó EFE. Filipinas figura entre las naciones donde el ejercicio del periodismo implica altos niveles de peligro, y asociaciones internacionales han señalado deficiencias en la protección del gremio y en el combate a la impunidad.

La condena a Cumpio se ratifica mientras el expresidente Rodrigo Duterte permanece detenido ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en espera de juicio por acciones vinculadas a la campaña antidrogas de su mandato, contexto dentro del cual se produjeron múltiples denuncias por abusos policiales, en su mayoría difundidas por medios locales, según puntualiza EFE.

Mientras no se ha fijado aún la fecha para dar a conocer la sentencia, tanto organizaciones nacionales como internacionales prosiguen con los reclamos para que se garantice la libertad de expresión y el derecho a la información, vinculando el caso a un patrón represivo que amenaza la labor de los medios independientes en el país.