Ayuso pide a la UE que no active el acuerdo con Mercosur hasta que "se garantice la protección" de los agricultores

La preocupación sobre la falta de garantías para la protección de los intereses rurales españoles ha vuelto a situarse en el centro del debate político tras la decisión del Parlamento Europeo de denunciar el acuerdo Unión Europea-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), señalando dudas respecto a su compatibilidad con el Derecho comunitario. Según informó Europa Press, este movimiento ha frenado el proceso de ratificación, aunque todavía no impide que la Comisión Europea pueda aplicar el pacto de manera provisional. Sobre este escenario, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado a la Comisión Europea que no avance hacia la activación del acuerdo hasta contar con medidas claras de protección para agricultores y ganaderos en España.

De acuerdo con el mismo medio, Ayuso ha expresado su posición a través de sus redes sociales, subrayando que Mercosur representa una gran oportunidad para Europa, pero no en caso de que se materialice dejando de lado las necesidades y derechos de los trabajadores rurales. La presidenta madrileña manifestó que el Gobierno español debería priorizar la defensa del campo y del sector agroganadero, al que definió como estratégico por su papel en la alimentación, la cohesión territorial y la sostenibilidad del entorno natural, según recogió Europa Press.

El gobierno regional liderado por Díaz Ayuso ha remarcado en varias ocasiones la necesidad de que cualquier pacto económico con Mercosur esté supeditado a condiciones de reciprocidad normativa. Según publicó Europa Press, el Ejecutivo autonómico considera imprescindible que los productores españoles y madrileños accedan al mercado en igualdad de condiciones respecto a las exportaciones recibidas desde los países sudamericanos que componen Mercosur. En este contexto, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, formalizó la semana pasada un acuerdo junto a representantes de las organizaciones agrícolas y ganaderas de la región con el objetivo de salvaguardar los intereses del sector primario ante la eventual entrada en vigor del acuerdo internacional entre la Unión Europea y Mercosur.

Europa Press detalló que Novillo hizo especial énfasis en la urgencia de contar con una política agraria enfocada en un modelo productivo justo. El documento firmado reafirma la postura de la Comunidad de Madrid, que exige medidas que alineen las normativas de producción entre la Unión Europea y los países de Mercosur, de modo que la competencia no se lleve a cabo con desventajas para los agricultores y ganaderos de la región.

El acuerdo UE-Mercosur, que lleva negociándose desde hace años, ha generado posiciones diversas entre los Estados miembros y diferentes sectores económicos. Uno de los puntos centrales reside en las diferencias regulatorias y de estándares de producción entre los Estados europeos y los países de Mercosur, aspecto que, según destacó Europa Press, preocupa particularmente a asociaciones de productores españoles. Estos actores temen que la entrada de productos agroalimentarios procedentes de Mercosur sin un estricto control normativo pueda perjudicar a la producción local, tanto en términos de precios como de calidad y sanidad alimentaria.

La postura de la presidenta madrileña se ha integrado en el conjunto de voces que demandan que el acuerdo solo sea ratificado y aplicado después de que se incluyan cláusulas específicas que garanticen la protección de los intereses sociales y económicos del campo español. Según reportó Europa Press, las organizaciones agrícolas y ganaderas firmantes del acuerdo regional valoran la implicación del gobierno autonómico y destacan la necesidad de mantener la presión sobre las instituciones comunitarias y estatales para conseguir compromisos tangibles antes de cualquier implementación provisional del pacto.

Mientras tanto, la Comisión Europea conserva la capacidad de introducir el acuerdo de forma provisional, lo que lleva a Ayuso y a otras autoridades autonómicas y nacionales a insistir en la urgencia de adoptar garantías adicionales para el sector primario. En este sentido, el Ejecutivo madrileño subraya la relevancia de mantener una posición firme en defensa de los productores, recordando que el sector agroganadero contribuye de manera significativa a la economía y a la sostenibilidad ambiental del país, según puntualizó Europa Press.