El proceso legislativo dentro del Parlamento Europeo sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur ha experimentado un cambio significativo tras la reciente votación a favor de someter el pacto al control jurídico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según informa el medio Europa Press, esta decisión es vista por organizaciones agrarias de Castilla y León como un avance en la defensa de sus intereses, ante lo que consideran graves consecuencias económicas, productivas y territoriales para el sector agrícola europeo.
Las principales organizaciones profesionales agrarias con presencia en Castilla y León —Asaja, UPA, COAG y UCCL— valoran que el Parlamento Europeo haya aprobado la revisión judicial del acuerdo UE-Mercosur, firmado el pasado sábado 17 de enero entre la Unión Europea y los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Según publicó Europa Press, este paso representa para las OPAs una oportunidad para analizar en profundidad un pacto al que califican de “desleal”, sosteniendo que los países firmantes no mantienen estándares equivalentes a los europeos en materia medioambiental, agronómica y social.
La organización Asaja en Castilla y León, citada por Europa Press, manifestó su convicción de que los agricultores y ganaderos europeos seguirán movilizándose para frenar la ratificación de lo que consideran un acuerdo “desequilibrado y perjudicial”, el cual, según subrayan, comprometería la continuidad de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas a lo largo del continente. Asaja sostiene que la votación en la Eurocámara puede constituir un obstáculo relevante para la ratificación final del tratado.
Por su parte, la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL) considera que el envío del acuerdo al TJUE constituye “un paso importante” para frenar el tratado, con la expectativa de que este proceso judicial rectifique lo que consideran irregularidades en los procedimientos internos observados durante la negociación y firma del texto. No obstante, la UCCL confirma que mantendrá vigente su calendario de movilizaciones en defensa del sector agrario, convencida de la eficacia de las protestas. Fuentes de la organización, recopiladas por Europa Press, señalaron que las medidas de presión previstas para la semana del 26 al 30 de enero se sostendrán, y que la mayor parte de las concentraciones públicas tendrán lugar el jueves 29.
Europa Press también recoge la postura conjunta de COAG y UPA, aliadas en Castilla y León a través de la Alianza, que celebran la decisión del Parlamento Europeo e insisten en la necesidad de manifestarse contra la ratificación del acuerdo UE-Mercosur. Lorenzo Rivera (COAG) y Aurelio González (UPA), entre otros portavoces regionales, anunciaron en Zamora y otras provincias de la Comunidad la convocatoria de tractoradas y manifestaciones con el objetivo de sumar fuerzas al rechazo nacional al tratado. Las movilizaciones incluyen protestas coordinadas en las capitales provinciales, bajo lemas como ‘Por la unidad del campo’ y ‘Paremos el acuerdo de Mercosur. Nuestro futuro está en juego’, en palabras de los organizadores e incluyendo a entidades como Unaspi.
Europa Press detalla que entre las reivindicaciones promovidas por las organizaciones agrarias de Castilla y León destacan la demanda de precios justos para los productos agrícolas que garanticen la rentabilidad de la actividad, una Política Agrícola Común (PAC) sólida con suficiente asignación presupuestaria, la simplificación de la normativa en vigor, la adopción de medidas para enfrentar la crisis de precios que ha afectado al cereal durante las tres últimas campañas y un mayor control sobre la fauna que impacta en la producción y estabilidad del sector.
En el contexto de estas movilizaciones, Europa Press recuerda que la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, alcanzó un acuerdo unánime con las organizaciones profesionales agrarias de la región el pasado 14 de enero. Dicho acuerdo condiciona el respaldo regional al tratado UE-Mercosur a la existencia de una “reciprocidad real y efectiva” en los requisitos exigidos para las importaciones: equivalencia en criterios medioambientales, agronómicos y sociales; y un sistema de control y trazabilidad riguroso para los productos importados.
González Corral, citada por Europa Press, afirmó que el apoyo solo se mantendría si se garantiza una reciprocidad efectiva y se introducen cláusulas de salvaguarda, que considera imprescindibles para que el acuerdo reciba el visto bueno de las administraciones competentes. De esta manera, instó a que la posición española defienda la equiparación de exigencias entre la producción europea y la de los países de Mercosur en las negociaciones comerciales.
Sobre el origen y la gestión política del acuerdo, el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, citado por Europa Press, atribuyó la iniciativa y la negociación del tratado al Partido Popular Europeo, subrayando que este grupo político es quien dirige actualmente las instituciones europeas. Martínez añadió que el convenio, según su percepción, contraviene los intereses de los agricultores europeos.
En síntesis, según el análisis plasmado por Europa Press, el avance en el control judicial del acuerdo UE-Mercosur representa para las organizaciones agrarias de Castilla y León un hito relevante. No obstante, continúan advirtiendo sobre los posibles peligros derivados de su ratificación e insisten en la movilización social como herramienta para incidir en el futuro del tratado y defender la viabilidad de la producción agrícola y ganadera europea.
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