El sector telco europeo afea a Bruselas su propuesta para la nueva Ley de Redes Digitales

El borrador de la nueva Ley de Redes Digitales (DNA, por sus siglas en inglés) en la Unión Europea ha dejado fuera las demandas centrales del sector de las telecomunicaciones europeo, en particular la inclusión de un mecanismo que obligue a grandes plataformas digitales a contribuir económicamente al uso que hacen de las infraestructuras de red. Según informó el medio especializado, las principales asociaciones empresariales de telecomunicaciones han advertido que la propuesta atribuida a la Comisión Europea introduce cargas burocráticas adicionales y omite soluciones que podrían mejorar la competitividad frente a potencias tecnológicas como Estados Unidos y China.

De acuerdo con la información publicada, la GSMA —el organismo internacional que agrupa a las compañías móviles— manifestó que la propuesta presentada por Bruselas carece de la audacia prometida en sus etapas iniciales y que, tal como se encuentra redactada, Europa no conseguirá revertir la tendencia que muestra una posición rezagada respecto a los líderes globales del sector. Connect Europe se expresó en términos similares, recalcando que en un contexto geopolítico cada vez más adverso, la Unión Europea debe evitar el exceso normativo, la fragmentación regulatoria y la falta de incentivos a la inversión. La asociación enfatizó la necesidad de reducir la complejidad regulatoria para propiciar un entorno que estimule la inversión necesaria para la modernización de la infraestructura digital europea.

El medio también detalló que la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) identificó duplicidades y nuevas obligaciones administrativas en aspectos sensibles como la privacidad y la protección del usuario. Según DigitalES, estos añadidos comprometen la capacidad de competir de las empresas europeas y no aportan mejoras perceptibles a los consumidores. La patronal española recomendó avanzar en la armonización de normativas para evitar esa fragmentación que, desde su perspectiva, dificulta el desarrollo del sector.

GSMA y Connect Europe destacan que el actual borrador no recoge el impulso transformador recomendado en los informes Draghi y Letta, documentos de referencia para el ámbito digital europeo. Connect Europe indicó que el texto propuesto representa una prolongación del statu quo y no incluye mecanismos que faciliten la inversión que consideran indispensable para cerrar la brecha con otras áreas del planeta. Por este motivo, la entidad llamó a los legisladores comunitarios a recuperar la ambición plasmada en dichos informes y a colocar la simplificación regulatoria, la armonización y la innovación en el centro del rediseño normativo.

En contraste con las críticas a la mayor parte del documento, el sector recibió positivamente el nuevo enfoque de Bruselas en materia de espectro radioeléctrico. Según reportó el medio, la Comisión Europea propone licencias de espectro radioeléctrico de duración ilimitada, medida interpretada por las patronales como un paso favorable para alinear a la Unión Europea con las prácticas de otros líderes mundiales y así brindar seguridad regulatoria a los operadores e incentivar la inversión a largo plazo en tecnología 5G. DigitalES manifestó su respaldo a esta propuesta, calificándola de esencial para la certidumbre y enfatizando la importancia de reforzarla en el proceso legislativo. GSMA añadió que la gestión inteligente y duradera del espectro constituye un activo estratégico para la conectividad europea y valoró positivamente la apuesta por un mercado único en este campo. De acuerdo con la agrupación empresarial, dicha medida generaría mayor certidumbre para los operadores móviles, alineando al continente con los avances de otros mercados avanzados.

Uno de los puntos que mayor debate ha suscitado en la industria es el conocido como ‘fair share’, una propuesta que buscaba establecer una tasa obligatoria para que plataformas de generación de contenido como Google, Netflix o Amazon paguen por el uso de las redes de telecomunicaciones. Según publicó el medio, la ausencia de esta medida en el borrador de la Comisión ha sido señalada por la GSMA como una limitación significativa, dado que el sector requiere un cambio regulatorio profundo y no meras evoluciones del marco actual. En su análisis, GSMA insistió en que la nueva Ley de Redes Digitales no aborda la cuestión de fondo ni incorpora fórmulas vinculantes para resolver las diferencias entre operadores y grandes generadores de tráfico digital. Según precisa el medio, lo estipulado hasta ahora es la creación de un mecanismo voluntario de conciliación, considerado por la asociación como insuficiente para corregir los desequilibrios en el poder de negociación entre los actores.

Connect Europe se sumó a estas críticas. Para la entidad, la soberanía tecnológica y la competitividad de Europa requieren “condiciones justas y competitivas” para los operadores, lo que solo se logra eliminando las asimetrías regulatorias existentes y estableciendo un arbitraje obligatorio en los mercados de tráfico de datos. Según consignó el medio, la patronal advierte que los mecanismos voluntarios tendrán un efecto limitado sobre la igualdad de condiciones frente a los gigantes tecnológicos y ve necesaria una intervención normativa más decidida.

La idea de un ‘fair share’ cobró fuerza en etapas legislativas anteriores, a partir de la demanda de los propios operadores europeos de que las grandes tecnológicas multinacionales participaran en el sostenimiento de la infraestructura digital. Estas compañías, según los operadores, se benefician del acceso a las redes sin responsabilizarse por los crecientes costes de su mantenimiento y modernización. Pese al impulso inicial, la Comisión Europea ha evitado incluir en el nuevo marco legal una medida obligatoria en este sentido, optando en su lugar por una solución de colaboración voluntaria entre proveedores de conectividad, generadores de contenido y servicios en la nube. Según reportó el medio, la decisión responde en parte a la fuerte oposición manifestada por Estados Unidos, que argumenta que tal medida supondría un perjuicio directo a sus empresas tecnológicas.

A lo largo de todo el proceso de consulta, tanto las grandes patronales continentales como DigitalES han coincidido en advertir sobre los riesgos de mantener un entorno fragmentado, caracterizado por una regulación compleja y crecientes requisitos administrativos. Mientras celebran avances en la gestión del espectro radioeléctrico, los actores sectoriales piden a la Comisión Europea y al Parlamento que sitúen los incentivos a la inversión, la eliminación de cargas burocráticas y la adaptabilidad normativa en el centro del nuevo marco jurídico para las redes digitales del continente.