El presidente Arévalo afea a la Fiscalía que no presente "los cargos correspondientes" contra dos pandilleros

Según expuso el presidente Bernardo Arévalo, el Ministerio Público de Guatemala no ha presentado cargos suficientemente graves ante dos personas detenidas tras los recientes operativos contra pandillas, una situación que genera inquietud respecto al actuar de la autoridad judicial y sus implicaciones en el combate a la delincuencia organizada. De acuerdo con CNN, el mandatario denunció que los fiscales solo solicitaron la consignación por portación de armas y narcomenudeo, en vez de acusaciones ligadas a los hechos violentos y los motines recientes en centros penitenciarios. Estas declaraciones colocan en el foco la estrategia del Estado frente a la criminalidad y subrayan las diferencias entre el Ejecutivo y los operadores de justicia en medio de la actual ola de violencia.

La ofensiva estatal contra las pandillas ha resultado, según reportó CNN, en la detención de 22 presuntos integrantes de estos grupos, así como en el decomiso de armas, 205 motocicletas y 73 vehículos presuntamente utilizados para perpetrar ataques y disturbios. Esta serie de operativos ocurre en el contexto del estado de sitio decretado por el Ejecutivo, medida que fue ratificada por el Congreso nacional y se mantendrá vigente durante 30 días. El propósito de este régimen excepcional radica en contener la escalada de violencia y restablecer el control gubernamental en los territorios bajo intensa presión de asociaciones ilícitas.

En diálogo con CNN, el presidente Arévalo argumentó que el Ministerio Público no solo ha fallado en presentar las acusaciones pertinentes, sino que además actúa bajo la influencia de “redes político-criminales que no imparten justicia, sino que reparten impunidad para permitir que se continúe la corrupción en todos los distintos niveles”. Hasta el momento, la entidad no ha emitido una respuesta oficial ante estos señalamientos, situación que extiende la controversia acerca del papel de la justicia frente a las demandas del Gobierno en la lucha contra la criminalidad.

Los motines y disturbios recientes en las cárceles del país, según consignó la cadena CNN, forman parte de un escenario de confrontación directa entre el Gobierno guatemalteco y las pandillas. Arévalo relacionó estas acciones violentas con el endurecimiento de las políticas oficiales orientadas a disminuir la influencia de las organizaciones delictivas dentro de los penales. La administración gubernamental, según el propio presidente, interpreta los recientes episodios violentos como una reacción de las pandillas ante la pérdida de control al interior de los centros de reclusión y en rechazo a las nuevas restricciones impuestas.

El presidente identificó a Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como ‘El Lobo’ y considerado el líder de la pandilla Barrio 18, como el principal coordinador de los motines ocurridos en los recintos penitenciarios. De acuerdo con información proporcionada por CNN, Ochoa Mejía tenía como objetivo desencadenar una crisis política, apoderándose de los reclusorios y dando pie a una posible toma masiva de rehenes. Arévalo también valoró que la Policía Nacional Civil neutralizara la situación en un periodo de 24 horas, limitando así la propagación de la violencia y restaurando cierto nivel de control en los centros afectados.

Las operaciones policiales descritas por CNN resultaron no solo en la detención de sospechosos sino también en la incautación de un considerable arsenal y medios de transporte, elementos que, según las autoridades, habrían sido empleados en la ejecución de delitos relacionados. Todo ello transcurre en el marco de la imposición del estado de sitio, medida que otorga facultades adicionales a las fuerzas estatales para efectuar detenciones, registros e intervenciones encaminadas a recuperar el orden y la seguridad.

CNN refirió que la reciente ola de violencia intensificó el debate político y judicial en Guatemala, enfrentando a un Ejecutivo que demanda respuestas más severas desde los tribunales y un Ministerio Público que, a juicio del presidente, limita sus actuaciones a cargos menores, sin abordar la magnitud de los hechos. Este desencuentro institucional pone en evidencia la compleja dinámica de poder y las dificultades en la coordinación de una estrategia integral contra la criminalidad organizada.

Mientras la administración de Arévalo insiste en la necesidad de medidas judiciales contundentes para frenar el avance de las pandillas, la falta de consenso con la Fiscalía continúa alimentando la discusión nacional sobre la efectividad de la persecución penal. Según recalcó CNN, las máximas autoridades del Ministerio Público aún no se han pronunciado sobre las críticas abiertas del mandatario, generando incertidumbre respecto al futuro de la cooperación interinstitucional ante los retos que supone la inseguridad.

La imposición del estado de sitio y la intensificación de la presencia policial en las áreas urbanas y periurbanas apuntan, según informaciones de CNN, a restablecer el control gubernamental en las zonas donde la actividad pandillera tuvo mayor impacto en los últimos episodios. Mientras tanto, la ciudadanía observa la evolución del conflicto entre las instituciones del Estado, donde los pasos dados por cada actor serán determinantes para los próximos desarrollos en la lucha contra la impunidad y la criminalidad en Guatemala.