Cantabria solicita a Planas mecanismos que protejan "realmente" al sector primario frente al acuerdo de Mercosur

La petición de crear un fondo de contingencia para compensar al sector primario ante pérdidas derivadas del acuerdo con Mercosur centró una de las principales demandas trasladadas por la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Según informó el Gobierno regional, Susinos intervino durante la Conferencia Sectorial de Pesca, Agricultura y Desarrollo Rural, así como en los consejos consultivos de Política Pesquera y Agraria para Asuntos Comunitarios, celebrados el martes por la tarde. En estas reuniones, la consejera expuso que el sector primario cántabro se encuentra especialmente preocupado por los efectos que pueda acarrear el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, e insistió en la necesidad de aplicar garantías efectivas que protejan a agricultores y ganaderos ante posibles perjuicios.

De acuerdo con el reporte del Gobierno cántabro, Susinos remarcó su preocupación por el posible impacto que el acuerdo con Mercosur podría generar sobre la agricultura y la ganadería en la región, destacando las protestas y movilizaciones efectuadas por los trabajadores del sector en demanda de protección para su actividad y de igualdad de exigencias sanitarias, fitosanitarias y medioambientales para los productos importados. En este sentido, solicitó al ministro Planas que el Ejecutivo escuche las reivindicaciones del sector y articule mecanismos concretos y efectivos para asegurar su defensa. La consejera reclamó al Gobierno central que exija a la Comisión Europea garantías "reales y palpables" en el cumplimiento de las salvaguardas incluidas en el acuerdo con Mercosur, argumentando que no resulta admisible conformarse con cláusulas que, en la práctica, no cuenten con efectos protectores reales.

Entre las demandas de la consejería se encuentran el refuerzo inmediato de los controles en frontera para las importaciones dirigidas a Europa y la dotación de recursos adicionales, tanto humanos como técnicos, en los puntos de inspección fronterizos presentes en los puertos estatales. Tal como publicó el Gobierno de Cantabria, el objetivo de dichas medidas sería garantizar que todos los productos externos cumplan con los mismos requisitos que ya se exigen a los productores nacionales y europeos, evitando así situaciones de competencia desleal.

En el contexto de las negociaciones sobre la nueva Política Agraria Común (PAC), Susinos expresó el respaldo del Gobierno de Cantabria al ministerio, señalando que aún resta una fase considerable de diálogo hasta que el acuerdo definitivo cuente con el presupuesto adecuado y avance en la simplificación administrativa solicitada por los agentes del sector. Esta posición, según indicó la consejera, resulta clave para asegurar que la PAC brinde las herramientas necesarias para el desarrollo del sector primario en la región.

En el ámbito de la sanidad animal, la responsable cántabra abordó específicamente la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que, según sus palabras recogidas por el Gobierno regional, mantiene actualmente una clasificación de categoría A a nivel europeo, lo que exige medidas de erradicación calificadas como “extremadamente restrictivas”, como la obligación de sacrificar animales afectados, la imposición de amplias restricciones al movimiento y la suspensión de las actividades ganaderas en zonas extensas. La consejera solicitó que España asuma un liderazgo ante la Comisión Europea para solicitar la rebaja de esta clasificación a la categoría B, tal como lo solicita el sector primario. De acuerdo con la consejera, la reclasificación permitiría moderar las restricciones, priorizar la vacunación y limitar los efectos económicos y sociales sin que se vea afectado el estatus sanitario general.

Respecto a las posibles consecuencias de una reclasificación sobre los mercados internacionales a los que se exportan productos españoles, Susinos sostuvo que este efecto no resultaría negativo si tal decisión se adopta de forma coordinada por todos los países de la Unión Europea. El Gobierno cántabro subrayó la importancia de una estrategia común para evitar que el mercado penalice a los productores.

En lo que respecta al sector pesquero, la consejera agradeció el enfoque del ministro Planas en relación con la propuesta de flexibilizar las obligaciones incluidas en el reglamento de inspección y control. Planteó que la resolución en la que se recojan dichos puntos se publique sin demoras y solicitó que la Comisión Europea acepte lo acordado por España con el sector pesquero en encuentros previos. En materia de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para el verdel, María Jesús Susinos defendió la postura del sector pesquero cántabro y pidió que la reducción se ajuste a criterios científicos. Específicamente, remarcó que una reducción del 48% en la cuota del verdel constituye una propuesta más ajustada que la reducción del 70% adoptada inicialmente por el Consejo de Ministros en diciembre.

Según detalló el Gobierno autonómico, Susinos consideró incoherente que los estados que han incumplido con los límites de pesca en los últimos años continúen sobrepescando y negocien nuevas condiciones beneficiosas para sí mismos, mientras los estados que sí han cumplido los criterios deban acatar recortes significativos en sus cuotas y asumir en el mercado la entrada de esas capturas adicionales. En palabras de la consejera, “sería contrario al sentido común que aquellos estados que han practicado una sobrepesca de verdel durante los últimos cuatro años, de nuevo se salten los criterios científicos, y acuerden seguir sobrepescando, mientras los estados comunitarios tengamos que soportar una reducción del 70% y la entrada en el mercado de esas capturas”.

Durante las jornadas sectoriales, la consejera hizo hincapié en la necesidad de mantener una postura firme en favor de una reducción del 48% en la cuota del verdel y no del 70%, como medida alineada con la defensa del sector pesquero local. El Gobierno de Cantabria reiteró la importancia de que las negociaciones continúen en defensa de los intereses de agricultores, ganaderos y pescadores, enfatizando la necesidad de herramientas concretas, controles reforzados y medidas compensatorias para mitigar los posibles efectos adversos de las decisiones tomadas a nivel europeo.