Lima, 18 ene (EFE).- El Gobierno de Transición de Perú, que preside José Jerí, aprobó este domingo el reglamento de la nueva ley contra los delitos de extorsión y sicariato con lo que, aseguró, el Estado pasará "de la defensiva a la ofensiva contra la delincuencia y el crimen organizado" en el país.
La norma, que establece medidas extraordinarias contra estos delitos, fue oficializada mediante la publicación de un decreto supremo en un boletín extraordinario de las normas legales.
La Presidencia aseguró que se dispone "la implementación inmediata de acciones integrales que abarcan prevención, respuesta policial, protección a víctimas y recuperación económica".
Detalló que se "fortalece el marco legal para proteger a las empresas de transporte público y de mercancías, sectores duramente golpeados por organizaciones criminales", con el objetivo de garantizar la continuidad "de un servicio esencial para la economía nacional, el empleo y la movilidad de millones de peruanos".
Entre las principales disposiciones, se refuerza el control de los flujos financieros vinculados a pagos de extorsiones, se establecen mecanismos de inteligencia policial mediante la elaboración de mapas delictivos y se fortalecen las acciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
"Estas acciones buscan garantizar la seguridad de conductores, trabajadores y usuarios, así como preservar la continuidad del servicio frente a amenazas criminales", remarcó.
Además, se dispuso el despliegue de centros de comando y patrullas, con participación de unidades especializadas en extorsión y sicariato, y se refuerzan los mecanismos de protección a las víctimas.
La norma también establece medidas de apoyo posterior al delito, como la creación de un fondo para la recuperación económica de las empresas afectadas, atención psicológica a las víctimas y programas de reinserción laboral.
Este reglamento se anunció después de que las empresas de transporte urbano de Lima y la provincia vecina del Callao acataran el pasado miércoles una paralización para exigir a las autoridades mayores medidas de seguridad contra el incremento de la criminalidad.
Los gremios de transportistas afirman que la delincuencia organizada les exige cupos (pagos) para transitar por diferentes zonas, bajo amenazas de atacar a los autobuses y a sus trabajadores, y consideraron que el estado de emergencia decretado desde octubre por el Gobierno "no está dando resultados positivos".
Según sus datos, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 un total de 73 trabajadores de transporte público han muerto en ataques de bandas armadas y en lo que va del 2026, han fallecido otras tres personas del sector. EFE
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