Arévalo anuncia la liberación de las tres cárceles amotinadas y declara el estado de sitio en Guatemala

El Sistema Penitenciario de Guatemala informó que 37 guardias penitenciarios fueron liberados y ya reciben atención médica, luego de que las fuerzas de seguridad lograran disolver los motines en el Centro de Detención Fraijanes II y el Preventivo de la zona 18, según reportaron las autoridades guatemaltecas en sus canales oficiales. Horas antes, los cuerpos de seguridad habían recuperado también el control sobre la prisión Renovación 1, cerrando así un episodio de motines simultáneos en tres cárceles del país. A raíz de estos hechos y la ola de ataques letales contra agentes policiales en varias localidades, el gobierno anunció una serie de medidas excepcionales.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio digital, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró en una declaración oficial que la situación en los centros de detención fue controlada sin que se haya producido ninguna muerte durante los operativos. "Hoy, en un operativo combinado entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Defensa, se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles en donde se habían amotinado los criminales", afirmó, refiriéndose a Renovación 1, Centro de Detención Preventivo de la Zona 18 y Centro de Detención de Fraijanes 2.

El mandatario detalló que la toma de control de estos recintos penitenciarios se llevó a cabo mediante acciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad, permitiendo liberar a los rehenes y someter a los internos sublevados. Según consignó el medio, ningún agente ni interno perdió la vida durante la operación en los penales. El presidente denunció que los responsables de las revueltas pertenecen a “maras”, grupos criminales y estructuras políticas “que están detrás de ellos”.

En ese contexto, Arévalo atribuyó los ataques recientes contra efectivos de la Policía Nacional a represalias de estos grupos criminales. Según informó el portal de noticias, las agresiones armadas ocurrieron en ciudad de Guatemala y en otras cinco localidades: Villa Nueva, Villa Canales, Chinautla, San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula. El balance preliminar, de acuerdo con la versión oficial, dejó al menos ocho policías muertos y diez heridos.

Según reportó la fuente, el presidente Arévalo calificó estos sucesos como intentos de sembrar terror entre las fuerzas de seguridad y la población, con la finalidad de debilitar la respuesta del Estado frente al poder de las pandillas y su influencia en el territorio. “Fracasarán. No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de nuestro país”, enfatizó el jefe de Estado, quien además reconoció el trabajo de las fuerzas de seguridad en la resolución del conflicto carcelario.

El jefe del Ejecutivo guatemalteco anunció en ese contexto la declaración del estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días. La medida busca, en palabras del presidente y según publicó el medio, “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos” y permite emplear el uso total de la fuerza del Estado contra las organizaciones criminales que protagonizaron los motines y perpetraron los ataques violentos.

Arévalo manifestó ante la opinión pública que el estado de sitio, según su disposición, no modifica la rutina cotidiana de la ciudadanía ni afecta al funcionamiento habitual de las instituciones públicas o privadas, ni altera la movilidad de la población. Insistió, según la información recogida por el medio, en que la aplicación de la medida se limita a la lucha contra la criminalidad organizada, maras, pandillas y quienes ejecutan acciones violentas con el objetivo de aterrorizar a la sociedad.

La aparición y gravedad de los motines, declaró el presidente y reportó el medio, se produce en un contexto en que Guatemala reportaba avances en el combate a las redes criminales asociadas a la corrupción e impunidad dentro del país. El mandatario responsabilizó de la situación a lo que llamó “mafias político-criminales” que, según él, resisten los recientes cambios institucionales y buscan infundir terror porque "saben que este año Guatemala va a recuperar su sistema de justicia".

Durante su declaración, Arévalo enfatizó la postura oficial del gobierno ante estos hechos: “Quiero decirlo alto y claro, no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas”. Expresó su pesar por la muerte de los agentes de seguridad y el impacto que los incidentes han tenido en el personal policial y la sociedad.

Según amplió el medio, durante el operativo desarrollado en la prisión Renovación 1, la Policía dio cuenta de la neutralización de Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como ‘El Lobo’, identificado por las autoridades como líder de la pandilla Barrio 18 y señalado como el principal coordinador detrás de los motines.

La secuencia de acciones descrita por el medio muestra la reacción de las autoridades ante una serie de disturbios penitenciarios coordinados, asociados a estructuras delictivas y políticos que, de acuerdo con la visión oficial transmitida, mantienen intereses en la desestabilización del proceso de reforma en el sistema de justicia. Al menos 37 guardias penitenciarios recuperaron su libertad tras varios días de estar retenidos durante los amotinamientos, de acuerdo con la información que el Sistema Penitenciario compartió a través de sus redes sociales.

El presidente reforzó en sus mensajes la necesidad de la colaboración institucional entre organismos de seguridad y fuerzas armadas para enfrentar la oleada de violencia y ataques, que considera una respuesta a las recientes acciones del gobierno para debilitar las estructuras criminales. De acuerdo con el medio, la intervención gubernamental incluyó la activación de protocolos excepcionales de seguridad y la intensificación de vigilancia en puntos críticos del país.

En su declaración pública, Arévalo remarcó que el país no negociará ni accederá a chantajes ni extorsiones por parte de organizaciones delictivas, y reiteró la determinación oficial de restaurar el dominio estatal sobre las instalaciones penitenciarias y el correcto funcionamiento de las instituciones dedicadas a la seguridad ciudadana y la justicia.