Cinco activistas propalestinos de la ilegalizada Palestine Action se declaran no culpables por daños

El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido admitió una demanda interpuesta por Huda Ammori, una de las fundadoras de la organización Palestine Action, contra la determinación del gobierno británico de prohibir la mencionada agrupación. El proceso judicial involucra a cinco activistas que, tras realizar una acción directa en una instalación militar británica, enfrentan cargos relacionados con daños a la propiedad en conexión con la gestión del conflicto en Gaza y el respaldo político y militar de Reino Unido a Israel.

Según informó la BBC, Amy Gardiner-Gibson, Jony Cink, Daniel Jeronymides-Norie, Lewis Chiaramello y Muhammad Umer Khalid comparecieron ante el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales el pasado viernes por videoconferencia y rechazaron todas las acusaciones en su contra. Los hechos por los cuales son procesados se originaron tras su entrada sin autorización a la base militar de Brize Norton, donde rociaron pintura roja en varios aviones pertenecientes a la Real Fuerza Aérea. El valor de los daños ocasionados ha sido estimado en 7 millones de libras.

Los abogados defensores de los activistas argumentan que las acusaciones buscan penalizar protestas derivadas del supuesto apoyo del gobierno británico a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. De acuerdo con la cadena británica, los implicados fueron acusados de haber ocasionado daños "con fines perjudiciales para los intereses o la seguridad de Reino Unido". El juicio ha quedado fijado para el 18 de enero de 2027, permitiendo un extenso periodo previo durante el cual las condiciones de detención han sido objeto de críticas.

Tal como consignó la BBC, desde la detención de los cinco individuos, organizaciones y defensores de derechos humanos han cuestionado tanto el proceso de prohibición como el trato recibido en prisión. Varios miembros de Palestine Action han protagonizado huelgas de hambre, reclamando la revocación de la ilegalización decidida por el gabinete del primer ministro Keir Starmer el pasado julio y denunciando condiciones restrictivas dentro de las instituciones penitenciarias.

Entre los problemas reportados por los reclusos, se detallan limitaciones a la comunicación postal, filtrado de llamadas telefónicas y restricciones a las visitas personales y de abogados. Esta situación fue puesta de relieve por un grupo de expertos de Naciones Unidas, que elevó dudas sobre el respeto a la legalidad internacional en materia de derechos humanos en el caso de las detenciones de miembros de Palestine Action. Los expertos de la ONU relevaron que existieron demoras en el acceso a atención médica y problemas en el contacto regular con familiares y representantes legales.

El medio británico aclaró que la demanda interpuesta por Huda Ammori busca impugnar la decisión gubernamental de prohibir la organización, sosteniendo que tal acción limita el ejercicio del derecho a la protesta y la organización pacífica. La postura oficial del gobierno indica que la medida resultó de consideraciones vinculadas a la seguridad nacional tras repetidas acciones directas en instalaciones estratégicas.

Palestine Action, agrupación conocida por su activismo contrario a la colaboración militar entre Reino Unido e Israel, fue incluida en la lista de organizaciones prohibidas en julio pasado. Desde entonces, sus miembros y simpatizantes han elevado sus protestas a nivel nacional e internacional, situando la atención sobre la política exterior británica y las alianzas militares de alto perfil.

La BBC también reportó que la base de Brize Norton, donde ocurrieron los hechos, tiene un rol central en las operaciones logísticas de la Real Fuerza Aérea, por lo que las acciones de los activistas generaron debate tanto en el ámbito político como en el mediático. Las protestas han coincidido con una intensificación del escrutinio sobre el apoyo de Reino Unido a operaciones militares israelíes en territorio palestino.

Según el testimonio recogido por la cadena, quienes apoyan a los acusados sostienen que las manifestaciones y actos de resistencia buscan evidenciar la conexión entre la presencia militar británica y los acontecimientos en Gaza. Por su parte, voceros estatales han subrayado la necesidad de proteger las instalaciones militares y garantizar la seguridad nacional, enfatizando que los daños a la propiedad causan perjuicios económicos y logísticos de consideración.

El seguimiento internacional sobre el caso se ha incrementado ante las observaciones de la ONU y la presentación de demandas judiciales relacionadas con derechos fundamentales. El proceso legal abierto y las posiciones en torno a las restricciones penitenciarias sitúan a Reino Unido bajo una vigilancia especial en cuanto al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, mientras se aguarda la celebración del juicio en 2027.