El líder opositor carga contra "el régimen criminal" por el bloqueo a Internet en la víspera de las elecciones

El despacho de abogados Amsterdam & Partners LLP declaró que la decisión del gobierno de Kampala de suspender el acceso a Internet representa una “grave violación del Derecho Internacional” y podría derivar en “contramedidas legales, aislamiento institucional y graves daños económicos” para Uganda. El comunicado, remitido a Europa Press, subrayó que este bloqueo “tiene motivaciones políticas, es jurídicamente indefendible y está diseñada para distorsionar el proceso electoral al suprimir las comunicaciones, obstaculizar la observación electoral y silenciar la actividad de la oposición en un momento decisivo”. Esta medida, agregó el despacho, “sumerge deliberadamente a la población en una oscuridad digital” y constituye, en el contexto ugandés donde la conectividad móvil resulta crucial para el acceso al trabajo, la atención sanitaria, la educación, la seguridad alimentaria y los servicios de emergencia, una amenaza directa contra la vida y la dignidad humana. La noticia sobre la suspensión de servicios digitales fue difundida de manera internacional justo antes de la jornada electoral prevista en Uganda, donde el presidente Yoweri Museveni busca su séptimo mandato, mientras se multiplican los señalamientos de represión y restricciones a las libertades.

Según informó Europa Press, el líder opositor ugandés Robert Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine, señaló que la suspensión de Internet por parte del gobierno responde a una estrategia para dificultar la documentación y difusión de supuestas maniobras de manipulación electoral y represión. El opositor llamó públicamente a todos los ciudadanos capaces de sortear el bloqueo digital a difundir mensajes, compartir información sobre eludir las restricciones y grabar hechos para trasladar las denuncias al exterior. Mediante sus redes sociales, Bobi Wine pidió expresamente: “Todos aquellos en Uganda que sean capaces de circunvalar el bloqueo a Internet por parte del régimen criminal, dad un paso al frente”. Según consignó Europa Press, Wine argumentó que el acceso a Internet es fundamental para documentar las condiciones en que se desarrollan los comicios y promover la transparencia en el proceso.

El medio Europa Press reportó que Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales expresaron su preocupación por el clima de represión previo a la votación, en particular por el aumento de intervenciones de las fuerzas de seguridad contra activistas, políticos y periodistas. Las denuncias apuntan a la restricción de libertades fundamentales, entre ellas la libertad de prensa y de reunión, con operativos focalizados contra miembros de la oposición y voces críticas.

Amsterdam & Partners LLP expuso que Uganda, en calidad de miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), está obligada a mantener canales e instalaciones necesarias para un intercambio rápido e ininterrumpido de telecomunicaciones internacionales. De acuerdo con este criterio, el cierre de servicios móviles y de banda ancha justo en el periodo electoral constituye, según el despacho y replicado por Europa Press, una prueba de la falta de voluntad del Estado para cumplir con sus responsabilidades internacionales, al tratarse de una maniobra sin justificación técnica y orientada al control político de la información y la movilización social.

De acuerdo con el despacho de abogados, si Uganda no revierte “de inmediato” la suspensión de los servicios digitales, se iniciarán acciones para promover contramedidas legales. Estas acciones incluirían la adopción de medidas diplomáticas conjuntas, la posible retirada de cooperación en materia de telecomunicaciones y la presentación sistemática de estos hechos como violaciones de tratados en instancias judiciales, regulatorias y políticas internacionales.

La situación se desarrolla en medio de las elecciones en las que el presidente Yoweri Museveni, quien lidera Uganda desde 1986 tras la guerra civil y el derrocamiento de regímenes anteriores, busca extender su mandato por otra década, acumulando cerca de 40 años en el poder. El medio Europa Press recordó que, desde el arribo de Museveni al poder, el país ha atravesado distintas fases de conflicto y episodios reiterados de acusaciones de fraude electoral y represión a la disidencia. Robert Kyagulanyi, candidato opositor y figura relevante en la contienda, ha sufrido arrestos en varias ocasiones y, luego de las elecciones presidenciales de 2021, denunció fraude, rehusándose a aceptar los resultados oficiales por considerar que beneficiaron a Museveni mediante supuestas manipulaciones.

La realidad política ugandesa, caracterizada por tensiones y acusaciones de represión, cobró especial relevancia internacional con la suspensión de servicios digitales, un hecho que según distintas organizaciones impacta el ejercicio de derechos fundamentales y limita la transparencia de los comicios. De acuerdo con Europa Press, la decisión fue calificada por el entorno de Bobi Wine y sus asesores legales como un intento deliberado de impedir la observación independiente del proceso y bloquear la circulación de información sobre potenciales irregularidades.

El comunicado de Amsterdam & Partners LLP insistió en que “el acceso a Internet es indispensable para la gobernanza democrática, la rendición de cuentas públicas y, en las sociedades modernas, para la supervivencia básica”, resaltando la magnitud de la afectación al tejido social y económico que implica un corte extendido de la conectividad digital. Además, recalcó que en Uganda la vida cotidiana de millones se soporta en la infraestructura móvil, por lo cual medidas de este tipo trascienden lo electoral y afectan cuestiones esenciales como la salud, la seguridad y el empleo.

En el marco internacional, la respuesta al corte de servicios digitales en Uganda incluye tanto el monitoreo de la situación por parte de organismos multilaterales como la advertencia de futuras acciones políticas, legales y diplomáticas si el país africano mantiene su postura. La atención de la comunidad internacional se mantiene sobre Uganda, donde la suma de denuncias por represión y la falta de transparencia en la contienda electoral plantean desafíos para la legitimidad del proceso y el respeto a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.