La junta militar birmana espera seguir con su marcha triunfal en la segunda fase de las generales

El portavoz del Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), Hla Thein, declaró a la agencia Bloomberg que su formación política, respaldada por la junta militar de Birmania, ha asegurado el 89 por ciento de los escaños disponibles durante la segunda fase de las elecciones generales escalonadas. Según consignó la agencia Europa Press, este nuevo avance electoral se produce después de una primera fase en la que el USDP ya había alcanzado una victoria considerable, aumentando las críticas internacionales por la exclusión de la oposición y la situación de conflicto armado generalizado en el país.

De acuerdo con Europa Press, este 14 de enero los ciudadanos de cien municipios del país acudieron nuevamente a las urnas, en una contienda en la que el USDP aspiraba a repetir las cifras obtenidas en la fase inicial de los comicios. El partido controlado por la junta, que accedió al poder tras el golpe militar de 2021, ha conseguido 102 escaños en la Cámara Baja, 21 en la Cámara Alta y 108 escaños en los parlamentos estatales y regionales, según datos entregados por el propio partido a Bloomberg. Los partidos de enfoque étnico lograron una representación limitada, circunscrita esencialmente a escaños a nivel local y regional.

Europa Press detalló que estas elecciones son las primeras que se llevan a cabo desde el derrocamiento violento de Aung San Suu Kyi en 2021 por parte de los militares liderados por Min Aung Hlaing. El conflicto interno originado entonces se ha mantenido activo y afecta directamente al desarrollo de los comicios. El objetivo, para los militares, es conseguir que la votación escalonada les provea de una imagen de legitimidad institucional y facilite su reinserción en el escenario internacional, según expuso el medio.

En el contexto de las votaciones, figuras clave de la oposición permanecen detenidas y partidos como la Liga Nacional para la Democracia —ganadora de las elecciones generales de 2015 y 2020— han sido disueltos y excluidos del proceso. Aung San Suu Kyi, líder histórica de esa formación, sigue encarcelada, detalló Europa Press. Esta exclusión ha generado el rechazo frontal de Naciones Unidas y de varios gobiernos occidentales, que han manifestado sus dudas sobre la validez y legitimidad del proceso, argumentando que no existen condiciones democráticas reales para los votantes ni para los candidatos de la oposición.

La agencia agregó que la tercera y última fase de la votación se ha programado para el 25 de enero, cuando 63 municipios acudirán al sufragio. Sin embargo, más de la mitad de las 330 divisiones administrativas del país quedarán fuera del proceso electoral a causa del conflicto armado. Áreas como Kachin, bajo dominio del Ejército de Independencia Kachin (KIA); el estado de Rajine, controlado por el Ejército Arakan (AA); la región Shan, con presencia del Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA); así como zonas de Sagaing y Magwe, donde operan las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), no participarán en esta etapa de votación por permanecer bajo dominio de fuerzas de resistencia étnica, según explicó Europa Press.

El medio describió que la estrategia de realizar elecciones por fases busca aparentar una progresiva normalización, aunque la realidad refleja divisiones profundas en el territorio nacional y una ausencia de garantías para el electorado, tanto por los enfrentamientos armados como por el procedimiento de exclusión política. La presión internacional se ha intensificado desde que el resultado de la primera fase dejó al USDP con casi la totalidad de los escaños y ante las repetidas denuncias de manipulación del proceso y represión a opositores.

La junta militar, dirigida por Min Aung Hlaing, mantiene su apuesta por estas votaciones organizadas de manera escalonada como un intento de revestir de legalidad y aceptación internacional a su permanencia en el poder, relató Europa Press. El desarrollo de la situación en los próximos meses dependerá, en gran medida, tanto de la continuación del proceso electoral previsto como de los bloqueos en regiones enteras del país debido a la persistencia de la guerra civil.