Landaluce anuncia querella contra Rocío Arrabal (PSOE) por delitos de injurias y calumnias graves

El intento de resolver el conflicto entre el alcalde de Algeciras y la secretaria general del PSOE local a través de un acto de conciliación en el juzgado fracasó, según informó el comunicado difundido por el propio alcalde. La querellada, Rocío Arrabal, no compareció ante el Juzgado de Instrucción de Algeciras, situación que llevó finalmente a la presentación de una querella penal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esta acción legal responde a las acusaciones públicas realizadas por Arrabal, que el alcalde califica como “difusión reiterada de informaciones falsas y gravemente lesivas” para su honor, dignidad personal y reputación pública.

Tal como publicó el medio, José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras (Cádiz), anunció a través de un comunicado la interposición de una querella criminal contra Rocío Arrabal, también parlamentaria andaluza, por presuntos delitos de injurias y calumnias graves. Según detalló el comunicado, la querella surge tras una denuncia anterior presentada por Arrabal en el Tribunal Supremo. Dicha denuncia señalaba a Landaluce como presunto responsable de delitos de malversación y acoso o abuso sexual, aprovechando la condición de senador del regidor.

El medio reportó que en la querella presentada por Landaluce se recoge una recopilación de manifestaciones públicas emitidas por la dirigente socialista, tanto durante ruedas de prensa como en intervenciones en medios de comunicación. De acuerdo con el comunicado citado, Arrabal atribuyó al alcalde conductas “de extrema gravedad, incluidas supuestas actuaciones constitutivas de delitos contra la libertad sexual”, sustentando estas afirmaciones en testimonios anónimos y en informaciones ya desmentidas por quienes presuntamente serían las personas afectadas.

El comunicado presentado por el alcalde sostiene que tales declaraciones de la querellada se produjeron “con plena conciencia de su falsedad o, como mínimo, con un temerario desprecio hacia la verdad”, a pesar de que las personas involucradas habían negado públicamente los hechos atribuidos y requerido respeto ante la utilización de su identidad y vida privada en la confrontación política. Desde el punto de vista jurídico, las actuaciones iniciadas por Landaluce se basan en la posible comisión de delitos de injurias y calumnias hechos con publicidad, así como en una eventual infracción contra la integridad moral. Explicó que, según su postura, la campaña de difamación superó el ámbito del debate legítimo entre adversarios políticos para transformarse en un ataque personal sistemático que habría generado consecuencias importantes en los ámbitos individual, familiar e institucional.

El medio consignó que Landaluce manifestó a través de su comunicado su condena absoluta contra todo acto de violencia hacia las mujeres y su rechazo a la manipulación de temas sensibles con fines de interés partidista. En sus palabras, la utilización de acusaciones infundadas “no solo vulnera derechos fundamentales, sino que banaliza una realidad social que merece el máximo respeto y rigor”.

El regidor argumentó la necesidad de recurrir a la vía penal para “defender el derecho al honor, a la presunción de inocencia y a la verdad” tras no alcanzarse un acuerdo en la fase de conciliación previa. También advirtió que se reserva el derecho a iniciar nuevas acciones legales contra cualquier persona, colectivo o medio de comunicación que, bajo cualquier formato, difunda o amplifique dichas acusaciones que él considera falsas.

El medio explicó, además, que Landaluce actualmente permanece en el cargo de alcalde pese a haber solicitado una baja provisional del Partido Popular, en tanto se esclarecen los hechos investigados. Las actuaciones jurídicas y comunicados emitidos al respecto han sucedido tras el inicio, por la parte de Rocío Arrabal, de un procedimiento judicial ante el Tribunal Supremo en el que se imputan a Landaluce varias conductas presuntamente delictivas.

Según publicó el medio en cuestión, la situación genera tensiones políticas en Algeciras y en el entorno parlamentario andaluz, en el contexto de enfrentamientos entre partidos por el control institucional y la utilización de acusaciones relacionadas con asuntos de integridad pública y violencia de género. La decisión de Landaluce de dar a conocer su rechazo a cualquier tipo de instrumentalización política de causas delicadas ha sido reiterada en sus declaraciones oficiales.

Por su parte, la comunicación oficial, citada por el medio, aclara también que las actuaciones judiciales buscan limitar la repercusión pública de los señalamientos hechos y subrayan que estas denuncias respondían, según interpreta el alcalde querellante, a intereses de naturaleza política y no a hechos verificados ante la justicia.

El comunicado concluye advirtiendo que cualquier persona que reprodujera o ampliara la difusión de las expresiones denunciadas estaría igualmente sujeta a la interposición de acciones legales, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico. El procedimiento de querella y sus consecuencias legales permanecen a la espera de los siguientes pasos judiciales en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.