El presidente de Irán ordena a las fuerzas de seguridad no actuar contra manifestantes pacíficos

El reconocimiento por parte de las autoridades iraníes de la legitimidad de las protestas por el aumento de los precios ha sido uno de los puntos destacados durante las movilizaciones desarrolladas en todo el país. Según reportó la agencia Mehr, el vicepresidente iraní, Mohamad Yafar Gaempaná, declaró tras una reunión oficial que el Gobierno “reconoce la validez de esta protesta” y se encuentra dialogando con empresarios y mercados para dar respuesta a la crisis que deteriora el poder adquisitivo y el acceso a bienes básicos. La misma fuente atribuyó a Gaempaná la afirmación de que se están preparando medidas serias para enfrentar el encarecimiento del costo de vida y la escasez.

Estas declaraciones surgen en el contexto de una oleada de movilizaciones masivas desatadas a raíz de la crisis financiera y la disminución del nivel de vida en Irán, señaladas por medios oficiales y redes de activistas. De acuerdo con la agencia de noticias iraní Tasnim, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, instruyó a las fuerzas de seguridad para que no actúen contra quienes protestan pacíficamente durante las manifestaciones recientes. El mandatario indicó que debe diferenciarse entre ciudadanos que exigen mejoras en su situación y aquellos participantes en hechos violentos.

En este sentido, el propio vicepresidente Gaempaná subrayó que sólo debe actuarse contra los “alborotadores”, a quienes definió como personas que “toman las armas y portan machetes, cuchillos y otro tipo de armamento”. Insistió en que agredir a integrantes del Ejército o de las fuerzas de seguridad es considerado un ejemplo de alteración del orden. Estas declaraciones, reproducidas por la agencia Mehr, marcan la estrategia oficial para tratar las distintas expresiones de descontento.

La magnitud de las protestas y la respuesta de las autoridades han quedado documentadas por la red de Derechos Humanos HRANA, con sede en Estados Unidos. Según publicó esta organización y reprodujo la prensa internacional, al menos 36 personas han muerto tras los diez días de manifestaciones: 34 de ellas corresponderían a manifestantes y dos a miembros de las fuerzas de seguridad. Además, HRANA reportó que más de 2.000 individuos fueron detenidos en ese período.

La HRANA indicó además que la ola de protestas ha afectado a 285 puntos distintos del país, una extensión geográfica significativa que refleja el alcance nacional del malestar social en la nación centroasiática. En paralelo, el jefe del sistema judicial de Irán, Gholamhosein Mohsein Ejei, advirtió según consignó Tasnim, que "no habrá indulgencia" para quienes participen en actos violentos o perturbadores en el marco de estas manifestaciones.

En el plano internacional, la crisis iraní ha motivado reacciones dentro y fuera del país. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, acusó tanto a Israel como a “funcionarios radicales” en Estados Unidos de instigar la violencia, el terrorismo y el asesinato, responsabilizándolos de alentar la división interna, según publicó Tasnim. Baqaei sostuvo que estos actores externos estarían incitando a exacerbar la crisis política mediante injerencias orientadas a desestabilizar al gobierno de Teherán.

La caída del nivel adquisitivo de millones de iraníes aparece como el detonante principal de este episodio de movilización, profundizado por la presión de nuevas sanciones económicas impuestas por Washington. Según detalló la agencia de noticias Mehr, el programa nuclear iraní y los recientes ataques, entre ellos los bombardeos de junio en el país que habrían causado cerca de mil muertes, elevan aún más la tensión interna y externa.

Mientras tanto, el gobierno de Masud Pezeshkian sostiene que mantiene diálogo con actores económicos clave, incluyendo mercados y empresarios, con el propósito de abordar los aumentos de precios y la carestía de productos esenciales. El vicepresidente Gaempaná reiteró ante medios iraníes y extranjeros que “la gente se está manifestando contra los precios elevados y el Gobierno reconoce la validez de esta protesta”.

En relación a los responsables del caos, los funcionarios insisten en identificar y sancionar a quienes, amparados en la protesta social, recurren a la violencia o portan armas, diferenciándolos de quienes únicamente exigen respuestas a la crisis económica. La política oficial, según han manifestado las autoridades en medios como Mehr y Tasnim, consiste en responder a las legítimas demandas sociales sin tolerar actos que perturben el orden público o amenacen a las fuerzas del Estado.

La información difundida por HRANA y reproducida por otros medios aporta cifras específicas sobre la magnitud del movimiento: más de 2.000 personas fueron detenidas desde el inicio de la crisis, reflejando el despliegue policial y la intensidad de la contestación social en distintos sectores del país.

Por otro lado, las autoridades persisten en denunciar la interferencia exterior como un factor de agravamiento del descontento interno. El Ministerio de Exteriores, detalló Tasnim, reiteró las acusaciones a Israel y a representantes estadounidenses por fomentar la inestabilidad a través de mensajes y acciones destinados a minar la cohesión social en Irán, mientras la situación económica continúa deteriorándose.

Las sanciones internacionales, sumadas a los ataques vinculados al programa nuclear, figuran entre los factores que han exacerbado la crisis en la vida cotidiana de los ciudadanos iraníes, impulsando a miles a manifestarse en distintos puntos del país. Ante este escenario, el gobierno mantiene su postura de distinguir entre protestas legítimas y acciones violentas, como parte de su estrategia para controlar la situación y responder a las demandas ciudadanas.