El Gobierno palestino condena la revocación de las licencias de ONG y dice que Israel "no quiere testigos"

El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina acusó a Israel de buscar eliminar cualquier posibilidad de que se documenten y denuncien violaciones a las leyes internacionales en Gaza al revocar los permisos de operación de organizaciones humanitarias. Según un comunicado al que tuvo acceso el medio, la Autoridad Palestina consideró que esta decisión apunta a silenciar a potenciales "testigos" de las acciones israelíes en el enclave, además de dificultar el acceso de la población palestina a recursos sanitarios, humanitarios y ambientales esenciales.

De acuerdo con la información difundida por el medio, el Ejecutivo palestino denunció que la medida aprobada por Israel, a la que calificó como “arbitraria”, llega en medio de un contexto donde la población de Gaza enfrenta situaciones de genocidio y carencias alimentarias extremas, que Israel, según la Autoridad Palestina, estaría empleando como herramienta militar en el conflicto. El comunicado detalla que la restricción a la operatividad de organizaciones no gubernamentales supone un obstáculo para la asistencia en materia de salud, protección del medio ambiente y apoyo a sectores sensibles como la infancia, los servicios de agua y la atención a los refugiados. La Autoridad Palestina remarcó que estas acciones afectan "ámbitos vitales" para la comunidad palestina y representan una violación de las normas y el derecho internacional por parte de lo que definen como “potencia ocupante ilegal”.

El Gobierno palestino fue enfático al sostener, según informó la fuente, que Israel pretende evitar la presencia de testigos directos de los hechos en Gaza y busca destruir las estructuras servicios esenciales que sustentan a la sociedad palestina, incluyendo especialmente la protección de menores, la educación, la salud y las redes de apoyo humanitario. En su declaración hicieron referencia a la gravedad de las consecuencias de retirar a las organizaciones que, en sus palabras, sostienen a la población en momentos de extrema necesidad.

En respuesta a esta revocatoria, Médicos Sin Fronteras (MSF) emitió un comunicado, citado por el mismo medio, rechazando las decisiones de las autoridades israelíes y defendiendo su historial de cumplimiento con los requisitos oficiales. MSF afirmó haber entregado la mayoría de los datos solicitados y que desde julio de 2025 han estado colaborando plenamente con las exigencias regulatorias. Claire San Filippo, coordinadora de Emergencias de MSF, manifestó al medio que los reportes sobre supuestas faltas en el proceso de registro de la organización en Gaza carecen de fundamento y aseguró que la cooperación con las autoridades ha sido constante desde el inicio del proceso.

Por otra parte, la ONG rechazó de manera tajante las imputaciones de Israel relativas a supuestos vínculos con agrupaciones armadas en la región. MSF dejó constancia de que nunca elegiría intencionalmente a personas involucradas en actividades militares y alertó que declaraciones de ese tipo, al no presentar pruebas, exponen a un peligro adicional a los trabajadores humanitarios y afectan la continuidad de la atención médica en áreas de conflicto. “MSF se toma estas acusaciones muy en serio. Nunca contrataríamos a sabiendas a personas que participan en actividades militares. Hacer públicamente tales afirmaciones sin pruebas pone en riesgo al personal humanitario y socava el trabajo médico crítico que se hace”, sostuvo la organización en el comunicado reproducido por el medio.

Según lo reportado en diversos segmentos del comunicado de la Autoridad Palestina, la cancelación de los permisos abarca el trabajo de varias instituciones que, en palabras del organismo, sostienen la asistencia que requiere la población en sectores clave para la protección y el bienestar cotidiano. El ministerio enfatizó que la decisión impacta negativamente en el derecho a la supervivencia de quienes residen en Gaza y pone en jaque la posibilidad de acceder a servicios mínimos de salud, educación y apoyo comunitario.

La reacción internacional no aparece mencionada en la información compartida por el medio, pero desde la perspectiva de la Autoridad Palestina, la acción constituye un retroceso en los intentos por documentar la situación humanitaria en Gaza y debilita las garantías de observancia del derecho internacional. Por su parte, Médicos Sin Fronteras llamó la atención sobre los peligros adicionales que recaen sobre el personal de ayuda y reiteró la sensibilidad de operar sin criterios claros ni garantías proporcionadas por Israel en cuanto a los procesos de registro y permisos.

El intercambio entre el Gobierno palestino y las autoridades israelíes, consignado en la cobertura del medio, expone un nuevo capítulo en el control de la labor humanitaria en Gaza, en medio de señalamientos cruzados y llamados a proteger tanto la integridad de los trabajadores humanitarios como los derechos básicos de la población palestina.