Kwak Jong Keun, quien se desempeñó como comandante del Comando de Guerra Especial del Ejército, figura entre los altos mandos militares sancionados y enfrenta la posibilidad de despido en reconocimiento a los esfuerzos que presentó ante el tribunal respecto al restablecimiento del orden constitucional. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha decidido tomar medidas disciplinarias de consideración contra cinco exgenerales por su participación en el fallido intento del expresidente Yoon Suk Yeol de instaurar la ley marcial en diciembre de 2024, según detalló la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
De acuerdo con Yonhap, la investigación interna del Ministerio de Defensa identificó la implicación de Yeo In Hyung, anterior jefe del Comando de Contrainteligencia de Defensa; Lee Jin Woo, antes a cargo del Comando de Defensa de la Capital; y Kwak Jong Keun, así como de Ko Hyun Seok, exvicejefe del Estado Mayor del Ejército; junto a un quinto alto mando cuya identidad no ha sido revelada públicamente. Las acciones disciplinarias varían según el grado de responsabilidad individual establecido por el ministerio y por las pruebas presentadas en los procesos judiciales en curso contra tres de los implicados: Yeo In Hyung, Lee Jin Woo y Kwak Jong Keun.
Estos tres excomandantes enfrentan actualmente procesos judiciales por supuesta insurrección relacionada con las órdenes que impartieron el 3 de diciembre de 2024 durante el episodio en que buscaron desplegar tropas en la Asamblea Nacional y en la Comisión Electoral Nacional, en el marco de la declaración de la ley marcial, reportó Yonhap. El ministerio evaluó el nivel de implicación de cada uno, teniendo en cuenta tanto sus acciones durante los hechos como sus declaraciones posteriores, recogidas durante los juicios encabezados contra el expresidente Yoon.
En el caso de Yeo In Hyung y Lee Jin Woo, los procedimientos administrativos contemplan la destitución, considerada la sanción disciplinaria más severa disponible para oficiales de su rango. Esta decisión se ajusta a la gravedad de las acciones atribuidas a ambos durante la jornada que marcó el intento de instaurar la ley marcial, consignó la agencia Yonhap. El ministerio fundamentó la magnitud de la medida judicial en las órdenes impartidas que facilitaron el despliegue militar en órganos institucionales del Estado.
Para Kwak Jong Keun, la posible sanción se limitaría al despido, dado que durante el proceso judicial expuso intentos de revertir la ruptura del orden legal, según informes presentados ante los jueces. Este reconocimiento de su conducta posterior diferenciada motivó el tratamiento administrativo más moderado en su caso específico, según publicó Yonhap.
El resto de los altos mandos involucrados, incluyendo a Ko Hyun Seok y al quinto cuyo nombre no se reveló, están sujetos a procesos disciplinarios detallados por el Ministerio de Defensa, tal como informó la fuente. En la notificación, las autoridades militares recalcaron la búsqueda de responsabilidad institucional ante hechos que comprometieron la estabilidad política del país a finales de 2024.
La decisión ministerial, informada por Yonhap, se inserta en una serie de actuaciones estatales orientadas a esclarecer el intento de ley marcial y a depurar responsabilidades en las Fuerzas Armadas. Los hechos del 3 de diciembre, calificados como un desafío al orden constitucional, motivaron una reacción administrativa sin precedentes y desencadenaron los actuales procesos judiciales contra quienes participaron de forma directa o indirecta en el despliegue militar.
Yonhap también señaló que la investigación y el proceso disciplinario continúan ampliándose para abarcar a todos los elementos militares que cooperaron con acciones contrarias al marco legal a raíz de las directrices impartidas por el expresidente Yoon. Según la agencia, estos procedimientos buscan garantizar que las estructuras de mando militar se mantengan sujetas al control civil y al respeto institucional de la Constitución surcoreana.
Las medidas anunciadas este lunes se suman a las acciones judiciales abiertas y reflejan un criterio de máxima severidad, en especial para aquellos oficiales acusados formalmente de insurrección por la Fiscalía. El informe de Yonhap indica que esta perspectiva pretende disuadir futuros intentos de uso político de las Fuerzas Armadas y restablecer el principio de neutralidad militar ante conflictos institucionales.
Mientras tanto, el contexto político y judicial del país permanece marcado por las consecuencias de los hechos de diciembre de 2024. El Ministerio de Defensa, de acuerdo con Yonhap, subrayó que la transparencia y la disciplina resultan esenciales para sostener la legitimidad de las fuerzas armadas y evitar que circunstancias similares vuelvan a ocurrir bajo cualquier administración.
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