El Ministerio de Hacienda español ha publicado un listado que incluye más de mil asentamientos y códigos postales pertenecientes a zonas bajo ocupación israelí en territorio palestino, de los cuales no se podrán importar productos con las ventajas arancelarias previstas en el acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel. Según informó el medio, esta decisión forma parte de una serie de medidas adoptadas tras las denuncias de "genocidio en Gaza" y constituye una muestra de apoyo a la población palestina, en el contexto de la actual ofensiva militar.
De acuerdo con los detalles difundidos por el Ministerio de Hacienda, el listado identifica aquellos asentamientos cuya producción queda excluida del trato preferente dentro del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea e Israel, vigente desde el año 2000. El listado, hecho público este lunes, implica que a partir de ahora, cualquier mercancía que tenga su origen en estos asentamientos no podrá beneficiarse del acceso sin aranceles ni del resto de ventajas aduaneras contempladas en el acuerdo.
Tal como consignó la fuente original, la publicación del listado surge como respuesta a la crisis humanitaria consecuencia de la operación militar israelí posterior a los ataques del 7 de octubre de 2023. El medio detalló que dichos ataques han provocado más de 71.000 muertes y al menos 171.000 personas heridas, según datos difundidos por instituciones y organismos internacionales.
Según destaca la nota, el acuerdo comercial UE-Israel incluye un artículo 2, que establece como requisito fundamental para mantener todas las disposiciones del acuerdo el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos. España, junto a otros Estados miembro de la Unión Europea, ha reclamado una revisión de este convenio apelando precisamente a dicho artículo, argumentando que las acciones militares recientes y las denuncias sobre violaciones de los derechos fundamentales han vulnerado la base misma de las relaciones comerciales preferenciales.
El medio recoge que la publicación de este listado responde tanto a una exigencia derivada de tratados internacionales como a una presión interna y comunitaria fundamentada en las consecuencias devastadoras de la actual ofensiva israelí sobre la franja de Gaza. El acuerdo de 2000, que en la práctica ha permitido la libre circulación de numerosos productos israelíes en los mercados europeos, ahora impone una restricción concreta en lo que respecta a productos originados en territorios ocupados, atendiendo a la distinción explícita entre Israel y los asentamientos erigidos en territorios reconocidos internacionalmente como parte de Palestina.
La lista publicada impide que estos productos gocen del trato aduanero preferencial, medida que, según la información proporcionada por el medio, busca ejercer una presión adicional para que se cumplan los principios democráticos y de derechos humanos recogidos en el acuerdo con la Unión Europea. La decisión enfatiza la relevancia del cumplimiento de la legalidad internacional y de los compromisos suscritos en el marco de tratados multilaterales en materia comercial y de derechos humanos, en respuesta a los crecientes reclamos y demandas formuladas por organizaciones defensoras de derechos humanos y parte de la sociedad civil europea.
En el marco de la crisis humanitaria que afecta a la población palestina y tras la escalada del conflicto desde octubre de 2023, la Comisión Europea y varios países, entre los que se encuentra España, han señalado la importancia de ejecutar mecanismos de control más estrictos sobre el origen de los productos importados desde Israel, de forma que se excluya de cualquier beneficio arancelario la producción en territorios cuya ocupación se considera contraria al derecho internacional, tal como recoge el informe divulgado.
El ajuste en la política comercial comunicada este lunes por el Ministerio de Hacienda español forma parte de un debate más amplio en el seno de la Unión Europea en torno a la responsabilidad de los Estados miembro frente a la situación en Oriente Próximo y la coherencia de la política exterior y comercial con los principios fundamentales establecidos en los tratados internacionales suscritos por el bloque comunitario.
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