Doce días después del desalojo del antiguo instituto B9 en Badalona, cerca de 70 personas continúan pasando la noche a la intemperie bajo un puente de la C-31, pese a los esfuerzos de las autoridades catalanas y las organizaciones sociales por proporcionarles alojamiento alternativo. Según informó Europa Press, entre las personas desalojadas, las que presentan una situación más crítica han sido identificadas y se encuentran en el centro de las iniciativas de la Generalitat y de entidades de apoyo, que buscan salidas a su actual situación sin hogar.
El operativo de desalojo se realizó el 17 de diciembre, cuando los Mossos d'Esquadra intervinieron para evacuar el edificio donde residían cerca de 400 personas. De acuerdo con detalles aportados por la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión a Europa Press, muchas de las personas abandonaron el lugar antes de la intervención policial, pero aproximadamente 170 quedaron sin hogar tras el desalojo. Poco después, la Generalitat y diferentes organizaciones sociales lograron realojar a 153 de los afectados.
A pesar de este avance, las entidades sociales han estimado que aún permanecen entre 50 y 70 personas durmiendo bajo el puente, reflejando la dificultad de ofrecer una alternativa adaptada a todos los perfiles afectados. Algunas de estas personas optaron voluntariamente por no abandonar la zona donde antes se emplazaba el instituto, señalando la complejidad de la labor de reasentamiento en situaciones de vulnerabilidad extrema.
Según reportó Europa Press citando fuentes de la Conselleria, alrededor de 150 individuos recibieron una valoración de especial vulnerabilidad. La identificación de estos casos permitió priorizar intervenciones y la búsqueda de recursos específicos junto a asociaciones del tercer sector. Estas acciones incluyeron la disponibilidad de recursos residenciales y medidas de apoyo social y sanitario.
Tal como detalló Europa Press, desde la administración autonómica se confirmó el compromiso de seguir trabajando con entidades sociales y con el resto de administraciones para dar una respuesta integral a quienes se encuentran en peor situación. Este esfuerzo colaborativo contempla la búsqueda activa de soluciones tanto para quienes han aceptado alternativas como para aquellos que optan por permanecer en espacios públicos por decisión propia.
Las organizaciones sociales, en alianza con la Generalitat, recogen datos de forma continua sobre la situación de las personas desalojadas para ajustar la respuesta según la evolución de sus necesidades. El seguimiento incluye el contacto diario con quienes permanecen en la C-31 y la oferta sistemática de recursos de alojamiento y asistencia.
El desalojo del B9 en Badalona pone en evidencia las limitaciones estructurales que enfrentan las políticas de alojamiento de emergencia y el impacto inmediato en la vida de las personas afectadas por el sinhogarismo, según publicaron fuentes oficiales y entidades sociales recogidas por Europa Press. Las administraciones insisten en la necesidad de mantener la cooperación interinstitucional y la intervención social especializada ante un reto que transciende el ámbito municipal y regional.
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