Los nuevos combates entre las disidencias y el ELN en Catatumbo dejan 250 desplazados en Navidad

Según reportes recientes, varias familias han buscado refugio en escuelas de la región de Catatumbo tras intensos enfrentamientos entre grupos armados ilegales en los municipios de La Gabarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander. La información sobre personas heridas y la dificultad para acceder a atención médica urgente hizo que la Defensoría del Pueblo solicitara públicamente un cese inmediato de hostilidades y acceso seguro para los servicios médicos. De acuerdo con los datos publicados por el medio, al menos 250 habitantes de la zona han abandonado sus hogares en las últimas horas debido a la violencia entre el Frente 33 de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La crisis humanitaria afecta a una región conformada por una decena de municipios que limita con Venezuela, escenario donde el año pasado se agudizaron las disputas entre el Frente 33 y el ELN por el control territorial. Según lo consignó la fuente, la combinación de desplazamientos masivos y confinamiento de la población alcanzó a cientos de miles de personas en la región, que se considera estratégica por su riqueza en recursos naturales y su posición para el tránsito de economías ilícitas.

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, informó a través de la red social X sobre la existencia de heridos que necesitan evacuación y atención inmediata, además de solicitar la interrupción de los combates y el respeto a la labor humanitaria. "Hemos recibido información de personas que se encuentran heridas y requieren atención médica urgente", expresó el organismo en su comunicado. Marín hizo un llamamiento directo tanto al ELN como al Frente 33 para permitir el acceso de personal médico y humanitario, argumentando que la atención y el rescate de quienes resultaron afectados no pueden esperar.

La violencia registrada se da en el marco de la ausencia estatal que históricamente caracteriza a Catatumbo. Según la fuente, la larga disputa entre diferentes grupos armados tiene como objetivo el control de una de las zonas más valiosas de Colombia para el desarrollo de actividades como el narcotráfico y otras economías ilegales. La falta de estructuras estatales fortalecidas deja a las comunidades expuestas a recurrentes desplazamientos, homicidios y una precariedad constante en los servicios básicos y el respeto de los derechos fundamentales.

El llamado gubernamental se sumó a las exigencias de la Defensoría. Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, utilizó la red X para solicitar colaboración urgente tanto de las autoridades nacionales como de organismos internacionales, con el fin de asistir a las comunidades afectadas en Catatumbo. Márquez señaló: "Es urgente que se garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras y el ejercicio pleno de sus derechos". En su mensaje, la funcionaria destacó el compromiso del gobierno nacional y la importancia de una presencia institucional que responda a las necesidades reales de la población para lograr condiciones de paz y justicia social.

De acuerdo con los datos recopilados por el medio, en lo transcurrido del año la pugna por el control de Catatumbo ha producido un saldo superior a cien víctimas mortales y ha generado miles de desplazados, incluidos casos de confinamiento. El reportaje señala que, a pesar de la abundancia de recursos, la zona muestra indicadores elevados de pobreza y bajo desarrollo social, realidad que se agrava con la expansión y los efectos de la violencia armada.

El medio detalló cómo, en consecuencia, aumentan las solicitudes de ayuda humanitaria y la preocupación por la seguridad y protección de la población local. A la par, la reiterada petición de la Defensoría y de figuras del Gobierno nacional evidencia la urgencia de establecer condiciones que prioricen la asistencia y solución definitiva a la crisis.