
El pronunciamiento sobre la opinión consultiva emitida en 1975 por la Corte Internacional de Justicia respecto al Sáhara Occidental resalta que no existe vínculo de soberanía territorial entre este territorio y Marruecos, cuestionando la pretensión de Rabat sobre la región. A partir de este fundamento, el representante saharaui ante Naciones Unidas advirtió, en una misiva entregada al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre la interpretación de la propuesta de autonomía marroquí como base para una solución al conflicto y solicitó a la comunidad internacional rechazar alternativas contrarias al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Según informó Europa Press, Sidi Omar, enviado del Frente Polisario ante Naciones Unidas, precisó en su comunicación que la iniciativa de Marruecos no puede constituir ni la base ni el único fundamento aceptable para resolver el problema de la descolonización del Sáhara Occidental.
De acuerdo con el relato publicado por Europa Press, Omar sostuvo que la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, referida al mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en Sáhara Occidental (MINURSO), está siendo utilizada con fines de distorsión por parte de Rabat con el objetivo de vincular el proceso de solución del conflicto a la propuesta marroquí de autonomía. El representante saharaui manifestó que Marruecos ha intentado inducir a error a los Estados miembro al asociar su iniciativa a lo dispuesto en la resolución, postura que no reconoce ninguna "soberanía" marroquí sobre el Sáhara Occidental. Esta interpretación, remarcó, fue desmentida por varios países, incluida Eslovenia, en las explicaciones proporcionadas al emitir su voto sobre el texto.
Según la información difundida por Europa Press, la carta del Frente Polisario recordó que desde la inclusión del Sáhara Occidental en 1963 en la lista de territorios no autónomos, la Asamblea General de Naciones Unidas y sus órganos subsidiarios han tratado esta situación como un caso de descolonización bajo el Capítulo XI de la Carta, reafirmando el derecho de los saharauis a la libre determinación y la independencia. Sidi Omar citó la Resolución 1514 (XV) y subrayó que cualquier iniciativa que limite ese derecho, como ocurre al restringir el resultado a una sola opción excluyendo la independencia, vulnera los principios fundamentales de los documentos fundacionales de la organización y de la legislación internacional pertinente.
El Frente Polisario argumentó que la resolución del Consejo de Seguridad no consagra la propuesta marroquí como la única base para las negociaciones y señaló que la expansión de Rabat en el territorio del Sáhara Occidental contradice la Carta de la ONU, así como los pronunciamientos de la Asamblea General sobre la calidad del territorio como cuestión de descolonización. Según Europa Press, la misiva reiteró la posición de que Marruecos es considerado por varias resoluciones, como las de 1979 y 1980, una potencia ocupante y que carece de cualquier tipo de soberanía o jurisdicción administrativa sobre la región.
Sidi Omar precisó a través del mismo escrito, recogido por Europa Press, que la propuesta de Rabat para establecer una autonomía al margen de la voluntad de la población saharaui constituye una violación de la condición internacional del Sáhara Occidental y de las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas sobre descolonización. Además, insistió en que el proyecto expansionista de Marruecos coloca en desventaja el derecho de autodeterminación, ya que elimina la posibilidad de independencia, una aspiración legítima para el pueblo y reconocida en distintas resoluciones de la Asamblea General.
En la carta, Omar describió el plan marroquí como "extremadamente peligroso" debido a que premiaría lo que consideró el uso ilegal de la fuerza por parte de Marruecos para ocupar el territorio saharaui, acto que contraviene tanto la Carta de Naciones Unidas como el Acta Constitutiva de la Unión Africana. Alertó que aceptar esta propuesta podría abrir un precedente en África y en otras regiones, al legitimar la ocupación y anexión de territorios mediante la fuerza. La demanda principal, según transmitió Europa Press, es que el Consejo de Seguridad actúe conforme a los propósitos y principios establecidos en la ONU, incluyendo el respeto por el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la observancia de las normas imperativas del derecho internacional.
El representante del Frente Polisario señaló en su escrito, reportó Europa Press, la obligación de los Estados de fomentar el respeto por la igualdad de derechos y la libre determinación, absteniéndose de recurrir a cualquier acción que prive a los pueblos de ese derecho. Solicitó a la comunidad internacional que rechace y condene la propuesta de Marruecos, al interpretarla como un mecanismo destinado a privar al pueblo saharaui de su derecho a decidir y a respaldar la ocupación del Sáhara Occidental, un territorio que sigue reconocido como pendiente de descolonización según la legalidad internacional.
Europa Press detalló que el Frente Polisario enfrenta en la actualidad retrocesos políticos, después de que algunos países, incluido España, hayan apoyado públicamente el plan de autonomía planteado por Marruecos. La República Árabe Saharaui Democrática, autoproclamada por el Polisario, rechaza totalmente esa vía y sigue solicitando la conclusión del proceso de descolonización y la realización de un referéndum de autodeterminación para el territorio.
El contexto histórico recogido por Europa Press remonta la controversia actual a 1975, año en que Marruecos ocupó el Sáhara Occidental, antiguamente colonia española, en medio de la oposición armada del Frente Polisario. Tras años de enfrentamientos, ambas partes firmaron en 1991 un alto el fuego con la promesa de celebrar un referéndum de autodeterminación. A pesar de estos compromisos, la realización de la consulta ha quedado estancada por desacuerdos derivados principalmente del modo de elaborar el censo electoral y la disputa sobre la inclusión de colonos marroquíes, lo que bloquea el avance hacia una solución consensuada o definitiva de acuerdo al derecho internacional y resoluciones de las Naciones Unidas.