Seis países latinoamericanos piden el "restablecimiento del orden democrático" en Venezuela

El documento firmado durante la reciente cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú estableció como condición indispensable para la reincorporación de Venezuela al bloque regional la verificación de avances claros en la protección de derechos humanos y en el cumplimiento del Estado de derecho. De acuerdo con una declaración recogida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay y diversos medios locales, seis países latinoamericanos exigieron el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Venezuela y vincularon el posible regreso pleno del país al Mercosur al cumplimiento estricto del Protocolo de Ushuaia, que regula las cláusulas democráticas entre los miembros de la organización.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, el comunicado conjunto fue suscrito el 20 de diciembre de 2025, tras la sesión de alto nivel, por los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá) y el canciller Fernando Hugo Aramayo Carrasco (Bolivia), junto a representantes diplomáticos de Ecuador y Perú. El texto consensuado reflejó el impacto que genera en la región el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos y la presión que esta migración impone sobre los sistemas de atención social, especialmente en salud, educación y empleo. El documento enfatizó que los países receptores han debido actualizar y adaptar políticas nacionales para dar respuesta al creciente flujo migratorio, enfrentando así nuevos retos económicos y sociales.

De acuerdo con la cancillería paraguaya, el pronunciamiento conjunto hace un llamado explícito a la liberación inmediata de todas las personas que permanecen detenidas en Venezuela sin garantías suficientes de debido proceso, aludiendo directamente a informes de instancias de Naciones Unidas que han documentado detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas durante la administración actual. El documento instó a restablecer la observancia plena del derecho internacional en cuanto a garantías judiciales, insistiendo en la necesidad de reinstaurar mecanismos procesales adecuados para proteger los derechos de los detenidos.

El texto difundido destaca además que la suspensión de Venezuela del Mercosur se mantiene vigente como resultado de reiterados incumplimientos de normas democráticas esenciales, tal como consignó la comunicación oficial del bloque. La declaración firmada remarca que persisten graves restricciones a las libertades individuales y episodios de represión, de acuerdo con reportes documentados por agencias internacionales, lo que refuerza la decisión de condicionar cualquier avance en la integración regional a cambios verificables en la situación interna venezolana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay detalló que el fenómeno migratorio venezolano ha obligado a los países firmantes a revisar y fortalecer tanto sus estrategias nacionales de integración como sus sistemas de protección social. La demanda sobre las infraestructuras públicas aumentó considerablemente en áreas como la atención hospitalaria, la matrícula escolar y la generación de empleo, generando efectos de peso en las finanzas y en la capacidad de gestión estatal de los países de acogida.

Medios presentes en el evento reportaron que los líderes y representantes destacaron la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y de desarrollar mecanismos de respuesta conjunta ante la emergencia humanitaria y migratoria derivada de la crisis en Venezuela. El comunicado articuló que “la respuesta a la crisis de Venezuela debe fundamentarse en acciones articuladas, con base en la defensa permanente de los derechos humanos”, y llamó a intensificar las iniciativas diplomáticas en la búsqueda de salidas pacíficas e institucionales, priorizando medidas de protección humanitaria y judicial para la población venezolana, bajo los principios y normas fijados por el derecho internacional.

El compromiso expuesto en la declaración incluye mantener a los derechos humanos como eje transversal de las políticas exteriores y coordinar una actuación conjunta en distintos foros multilaterales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay resaltó la disposición de los Estados firmantes a sumarse a mecanismos internacionales destinados tanto a la recuperación del orden democrático en Venezuela como a la protección de los derechos civiles que se han visto afectados por la crisis.

El acuerdo alcanzado refleja la voluntad de los seis países firmantes de priorizar la legalidad, reforzar la asistencia humanitaria y defender de manera colectiva el sistema democrático regional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay puntualizó que la posición conjunta fue elaborada sobre la base de la necesidad de respaldar propuestas legales e institucionales que favorezcan un proceso de transición política en Venezuela y garanticen la estabilidad durante la emergencia.

La permanencia de Venezuela fuera del Mercosur, según la declaración consensuada por los países participantes, obedece a la persistente ausencia de condiciones políticas y jurídicas mínimas necesarias para su readmisión. El comunicado subraya la importancia de promover cambios sustanciales en Venezuela, mediante apoyos diplomáticos, legales y humanitarios, y reafirma la intención de los Estados firmantes de acompañar de manera activa todos los esfuerzos orientados a recuperar las garantías fundamentales y la normalidad institucional.

La cancillería paraguaya informó que el texto de la cumbre establece la construcción de una plataforma de negociación común en la región, con el fin de coordinar estrategias y acciones para enfrentar los desafíos sociales y jurídicos resultantes de la crisis venezolana. Los gobiernos participantes manifestaron su decisión de sostener una cooperación regional basada en la estabilidad política y de apoyar iniciativas que fortalezcan el entramado legal y humanitario en respuesta a las necesidades creadas por la migración venezolana y la persistente emergencia institucional.