Oficial | Los perfiles de este listado tienen prohibido comprar décimos de la Lotería de Navidad

La legislación española contempla sanciones para quienes faciliten la participación de personas restringidas en la Lotería de Navidad y otros juegos estatales, lo que obliga tanto a los operadores como a los puntos de venta a establecer filtros estrictos y procedimientos de verificación, según informó el medio oficial. La Ley 13/2011, aplicada desde ese año, exige que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y sus distribuidores electrónicos o presenciales bloqueen cualquier operación sospechosa o contraria a estas directrices, incluso si la irregularidad se detecta después de la compra del billete o décimo. La noticia principal reside en el fortalecimiento de los controles para impedir que premios estatales sean entregados a menores, personas con restricciones judiciales o administrativas, empleados implicados en la gestión del juego y ciertos altos cargos y parientes directos de organismos reguladores, conforme detalló el medio citado.

De acuerdo con lo publicado por la fuente oficial, la imposibilidad legal de cobrar premios alcanza a distintos colectivos que la normativa considera vulnerables o expuestos a situaciones de conflicto de interés. La exclusión, contenida en el artículo 6 de la Ley 13/2011, se aplica a toda apuesta gestionada por la SELAE, incluyendo el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Estas restricciones se fundamentan en la protección de personas susceptibles de sufrir daños económicos o personales, sujeta a mecanismos de control que afectan tanto a la compra como al proceso de cobro de los premios.

Tal como reportó el medio oficial, los menores de 18 años figuran entre los grupos directamente afectados. La SELAE y sus establecimientos asociados deben comprobar la edad de todos los participantes y rechazar cualquier compra por parte de menores. Esta verificación resulta obligatoria para todos los puntos de venta físicos, así como para la plataforma en línea, en cumplimiento de la normativa que prohíbe la exposición de menores a juegos de azar estatales.

Otra categoría incluida en el listado de exclusión corresponde a personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ). Esta inscripción puede realizarse a petición de los interesados o por orden administrativa o judicial, principalmente para quienes buscan protegerse frente a conductas problemáticas asociadas al juego, como la ludopatía. Según puntualizó el medio oficial, la SELAE consulta este registro antes de abonar cualquier premio, negando el pago si la persona figura en dicha lista.

La legislación prevé también restricciones específicas para quienes, mediante resolución judicial, hayan visto limitada su capacidad para administrar propiedades o realizar operaciones económicas, incluyendo el juego. Los jueces y tribunales autorizados pueden dictar este tipo de resoluciones para proteger a personas a quienes se considere especialmente vulnerables desde el punto de vista patrimonial o social, de acuerdo a lo que detalló el medio citado.

El grupo de personas vinculadas directamente a la organización, gestión o explotación de los sorteos constituye otra de las prohibiciones establecidas. Según consignó el medio oficial, estos empleados, que pueden tener acceso a información privilegiada, procesos internos o áreas críticas del sorteo, tienen vetada cualquier posibilidad de participar o cobrar premios. La ley busca así eliminar potenciales conflictos de interés y proteger la integridad de los sorteos estatales.

La prohibición incluye también a miembros de alto rango en los organismos encargados de la regulación de los juegos de azar, como presidentes, consejeros y directores generales, además de sus cónyuges o convivientes. El propósito es evitar que estas personas, responsables de la supervisión y vigilancia de los procedimientos, accedan directamente a los premios o influyan en los resultados, según relató la fuente oficial.

El medio oficial subrayó que la responsabilidad de realizar comprobaciones recae tanto sobre los establecimientos comerciales como sobre los propios participantes. Si una persona excluida por la ley resulta ganadora y se detecta su situación en la fase de cobro, la entrega del premio queda automáticamente bloqueada por imperativo legal, sin posibilidad de excepción. Este procedimiento se intensifica cuando el premio alcanza o supera los 2.000 euros, dado que la verificación de identidad se vuelve obligatoria para cualquier cobro por esa cantidad en adelante.

Las consecuencias del incumplimiento pueden afectar tanto a personas físicas como jurídicas que permitan o faciliten de manera directa o indirecta la compra de décimos por parte de individuos sujetos a restricción, reportó el medio oficial. Las sanciones previstas contemplan multas y otras medidas correctivas, responsabilizando no sólo al participante sino también al distribuidor o establecimiento comercial que omita las verificaciones pertinentes, tanto para la comprobación de edad como para la exclusión por registro RGIAJ u otras condiciones restrictivas.

En el ámbito de la finalidad, la misma fuente detalló que la legislación no busca limitar el acceso al azar de manera arbitraria, sino establecer procedimientos que refuercen la protección de colectivos considerados vulnerables y garanticen la transparencia y la equidad. El objetivo comunicado es mantener la confianza ciudadana en el desarrollo de los sorteos y la fiabilidad del sistema de juego estatal, evitando toda situación que pueda dar lugar a fraude, filtración de información o trato inequitativo en el reparto de premios.

De este modo, la normativa en vigor condiciona la participación y el acceso a los premios de la Lotería de Navidad y demás sorteos estatales a la superación de estrictos controles previos, orientados tanto a proteger a las personas como a blindar la integridad del propio juego, según corroboró el medio oficial. Estos mecanismos obedecen a una estrategia regulatoria de alcance nacional que sigue vigente desde hace más de una década.