Un juez estadounidense aprueba la venta de la matriz de la petrolera estatal venezolana Citgo

La cifra que podría desembolsarse en la adquisición de PDV Holding, matriz de Citgo, oscila según diversas fuentes, aunque medios estadounidenses citados por la fuente estiman el monto en aproximadamente 5.890 millones de dólares, una valoración inferior a los 13.000 millones de dólares establecidos por la corte de Delaware y a los 18.000 millones defendidos por el gobierno venezolano. La venta de PDV Holding a Amber Energy, subsidiaria de Elliott Investment Management, obtuvo en Delaware el aval judicial del juez federal Leonard P. Stark, quien habilitó la operación, aunque su culminación aún depende de la aprobación de organismos reguladores en Estados Unidos, según publicó la fuente original.

De acuerdo con la información consignada, será necesario que entidades como la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro otorguen su conformidad, al igual que la satisfacción de otros prerrequisitos regulatorios. Amber Energy, a través de un comunicado citado en el reporte, subrayó la importancia del respaldo judicial y puntualizó que la operación no se considerará firme hasta superar cada una de las revisiones regulatorias en proceso. Además, la propia Amber Energy reconoció el trabajo de firmas como Barclays, Citi y Perella Weinberg Partners, asesoras en la transacción, aunque evitó precisar la cifra exacta que proyecta utilizar en la compra.

La autorización judicial se produce luego de años marcados por litigios vinculados a la deuda venezolana y expropiaciones. Cerca de quince acreedores han promovido reclamos ante cortes estadounidenses durante ocho años, demandando compensaciones conjuntas de unos 19.000 millones de dólares, destacó la fuente. Las disputas han colocado a Citgo, el principal activo internacional de la estatal venezolana PDVSA, en el centro de una compleja red de demandas y negociaciones judiciales, mientras Venezuela ha intentado evitar la pérdida de ese recurso estratégico fuera de sus fronteras.

El proceso de venta también recibe objeciones del gobierno de Venezuela, que no reconoce la legitimidad de la operación y mantiene su reclamo de que la valoración adecuada de Citgo debe ascender a 18.000 millones de dólares. Según aparece en los registros judiciales recogidos por la fuente, el tribunal estableció un valor menor, aunque aún superior al estimado por los medios financieros estadounidenses y por parte de los actores implicados en la compra.

Citgo, valorada como la séptima petrolera estadounidense por capacidad de refinación, tiene gran relevancia para la economía venezolana por los ingresos que genera: se calcula que sus utilidades anuales fluctúan entre 700 y 1.200 millones de dólares, lo que le ha permitido convertirse en la fuente principal de divisas líquidas para el ejecutivo de Caracas, según lo consignado por la fuente. Esta posición estratégica ha acentuado el interés y la controversia en torno a su control y propiedad, especialmente tras el cambio de tutela ocurrido en 2019, cuando la oposición venezolana asumió el manejo de la compañía con el argumento de protegerla de eventuales maniobras del gobierno de Nicolás Maduro.

Sobre el futuro de la gestión, la fuente detalló que Citgo continuará funcionando bajo el mismo nombre, y Gregory Goff se mantendrá como consejero delegado. El propio Goff, en un comunicado difundido vía Amber Energy y citado en la cobertura, expresó: “Confío en que juntos ayudemos a mejorar la posición de liderazgo de Estados Unidos en el sector energético”, y ratificó el compromiso de trabajar junto al personal para fortalecer la empresa mediante inversiones de capital y mejoras en sus procesos.

El reporte original señaló que la consumación definitiva de la transferencia a Amber Energy se prevé para el año 2026, aunque ese plazo dependerá de la conclusión favorable de todos los exámenes regulatorios y de la resolución de otros condicionantes legales y administrativos señalados por las autoridades estadounidenses, cuyas determinaciones resultarán decisivas para la viabilidad de la operación. Frente a este panorama, la transacción se mantiene en un estadio de indefinición por las impugnaciones abiertas por el gobierno venezolano, los reclamos pendientes de los acreedores y la revisión en curso de las entidades regulatorias federales.