
El periodo de silencio electoral en Honduras se vio alterado por la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó de manera pública su apoyo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, y ofreció el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condicionado a la victoria de dicha candidatura. Esta declaración, reportada por Europa Press, se suma a una serie de hechos que han incrementado la tensión política y social en unas elecciones marcadas por el estado de excepción y por múltiples denuncias de intento de manipulación de resultados.
Según detalló Europa Press, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, señaló que grabaciones divulgadas recientemente contienen indicios de la existencia de una asociación ilícita dentro del proceso electoral. Estas grabaciones implican a Cossette López, representante del Partido Nacional ante el Consejo Nacional Electoral, al jefe de bancada Tommy Zambrano y a un uniformado cuya identidad no se ha hecho pública, en un presunto plan para alterar el conteo de los votos en las elecciones generales que se celebran bajo estricta vigilancia militar. Las acusaciones de fraude han sido una constante durante los 45 días de campaña, involucrando a los principales candidatos y generando un clima de desconfianza entre el electorado.
En este contexto, más de seis millones de personas residentes en el país y cerca de 500.000 hondureños en el extranjero están llamados a participar en una jornada electoral decisiva para definir la presidencia, la conformación del Congreso, aproximadamente 300 alcaldías y 20 escaños delegados al Parlamento Centroamericano. El despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar el material electoral antes, durante y después de la votación se ha convertido en un punto de controversia. Europa Press consignó que opositores y observadores internacionales han manifestado su inquietud por la presencia militar, dado el riesgo de que afecte la percepción de legitimidad del proceso.
Organizaciones como la Organización de Estados Americanos y la misión electoral de la Unión Europea expresaron su preocupación ante la posibilidad de que los candidatos rechacen los resultados, lo que podría derivar en una crisis institucional. Europa Press subrayó que la posibilidad de que los resultados sean impugnados agrega un grado más de incertidumbre a un proceso ya marcado por las disputas entre fuerzas rivales, la desconfianza en las instituciones públicas y la presencia de redes vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico.
En relación con las grabaciones denunciadas, el oficialismo sostiene que los audios revelan intentos auténticos de alterar el resultado electoral, mientras que representantes de la oposición han sostenido que estos archivos fueron manipulados para fines de descrédito político. La campaña ha estado permeada tanto por denuncias de fraude como por acusaciones personales y enfrentamientos directos entre los tres aspirantes con posibilidades de triunfo.
Uno de los puntos criticados por los observadores internacionales y los organismos de derechos humanos ha sido la extensión del estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022, el cual limita derechos y atribuye al Ejército funciones de seguridad civil. Europa Press explicó que el Gobierno defiende la medida como necesaria dada la persistencia de altos niveles de violencia en el país, si bien diversas voces señalaron que tales restricciones pueden afectar el ejercicio de los derechos fundamentales durante el proceso electoral.
Donald Trump, mediante un mensaje reproducido en los medios y citado por Europa Press, condicionó tanto el apoyo político como la cooperación financiera estadounidense al resultado de la elección y explicitó: “Si ‘Tito’ Asfura gana la Presidencia de Honduras, debido a la gran confianza que Estados Unidos tiene en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño, lo apoyaremos firmemente. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a cualquier país, sea cual sea.” Trump añadió que está dispuesto a conceder el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, siempre que Asfura triunfe en las urnas.
Los tres principales candidatos, según puntualizó Europa Press, son Nasry Asfura por el Partido Nacional, Rixi Moncada representando al oficialismo —ligada a la actual presidenta Xiomara Castro— y Salvador Nasralla, quien se presenta respaldado por el Partido Liberal. Asfura, empresario y exalcalde de Tegucigalpa, centra su propuesta en la gestión de infraestructura urbana realizada durante ocho años al frente de la alcaldía, aunque su campaña ha tenido que responder a señalamientos de malversación y a su aparición en los Papeles de Pandora por el supuesto uso de empresas en paraísos fiscales.
Rixi Moncada, abogada y exministra de Defensa, defiende la continuidad del proyecto liderado por el partido Libre, que gobierna con Xiomara Castro y que, según cifras citadas por Europa Press, ha reducido la inflación, la pobreza y los homicidios en los cuatro años recientes; sin embargo, su candidatura ha sido señalada por nepotismo, corrupción y por vínculos con gobiernos extranjeros, en particular Cuba y Venezuela.
Por su parte, Salvador Nasralla, figura mediática y excandidato presidencial, encabeza una alianza con el Partido Liberal que Europa Press describió como pragmática. Propuso políticas de seguridad inspiradas en Nayib Bukele y un enfoque económico similar al de Javier Milei, comprometiéndose a resolver en cuatro años las dificultades estructurales del país. Sus críticos le atribuyen un discurso autoritario y demagógico.
Europa Press recopiló encuestas locales que reflejan una competencia muy cerrada entre los favoritos, aunque otorgan a Nasralla cierta ventaja. El escepticismo hacia los resultados y el historial de alternancia entre los mismos partidos agravan la desconfianza, sumada a la influencia persistente de grupos criminales y al hecho de que el control del poder pasa habitualmente entre estructuras políticas similares.
El nuevo gobierno que surja el desafío de abordar la pobreza endémica, la debilidad institucional y el crimen organizado, así como encauzar la política distante de la desconfianza social. El Congreso, las alcaldías y el Parlamento Centroamericano están llamados a influir en las políticas públicas a implementar durante el próximo periodo. Europa Press remarcó que, en este panorama, la vigilancia por parte de la comunidad internacional y la movilización de la sociedad hondureña desempeñarán un papel determinante en la búsqueda de transparencia y legitimidad para el proceso electoral.
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