
El Tribunal Supremo Federal decidió que Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, cumpla su condena en la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde se encontraba bajo arresto domiciliario desde el sábado y fue enviado ante un posible intento de fuga por haber intentado quitarse la tobillera electrónica. Según detalló O Globo, Bolsonaro fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión tras ser declarado culpable de tentativa de golpe de Estado y otros delitos relacionados, según ratificó el máximo tribunal del país en una decisión histórica.
De acuerdo con O Globo, la resolución confirma la responsabilidad de Bolsonaro en la organización de un plan destinado a prolongar su permanencia en el poder y revertir los resultados electorales. Además de la pena privativa de libertad, la condena comprende la inhabilitación política por ocho años adicionales posteriores a completar la pena de cárcel. Bajo este marco legal, Bolsonaro no tendría posibilidades de ejercer cargos públicos hasta el año 2060, fecha en que cumpliría, hipotéticamente, 105 años, si la condena se mantiene en su extensión original y no experimenta reducciones.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva valoró la decisión judicial señalando que Brasil “ha dado al mundo una lección de democracia”. Lula remarcó que es la primera vez en cinco siglos que una figura de la Presidencia y cuatro generales son encarcelados por intentar quebrantar el sistema institucional. Citado por O Globo, el mandatario afirmó: “Esto demuestra que la democracia es para todos”, destacando que la Justicia brasileña “demostró su fortaleza y no se dejó intimidar por amenazas externas”, en referencia al contexto en el que se desarrolló el proceso.
Entre los delitos por los cuales el Supremo Federal determinó la culpabilidad de Bolsonaro se encuentran los de tentativa de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro del patrimonio histórico. O Globo reportó que la sentencia fija como lugar de reclusión una celda individual de doce metros cuadrados, provista de cama, aire acondicionado, nevera, baño y televisión, en la misma sede policial donde el expresidente ya permanecía en régimen preventivo.
Durante sus declaraciones recogidas por O Globo, Lula subrayó que “la democracia no es un privilegio, sino un derecho ejercido por 215 millones de brasileños”. También expresó que su satisfacción por la decisión no deriva del encarcelamiento de una persona, sino de la evidencia de que “el país ha demostrado tener madurez suficiente para ejercer la democracia en su sentido más pleno”.
El proceso judicial, según detalló O Globo, se caracterizó por la ausencia de cuestionamientos provenientes de la oposición política, dado que la acusación surgió desde el interior de los círculos implicados en el intento de golpe, según afirmó el propio Lula. Por otro lado, la Justicia rechazó haber sucumbido ante presiones provenientes del exterior y condujo un juicio que, en palabras del presidente, fue ejemplar.
Estos acontecimientos han adquirido dimensión internacional como símbolo de respuesta institucional y aplicación de la justicia frente a intentos de socavar el orden democrático. La reafirmación de la condena a Bolsonaro es vista por Lula como una prueba de que la legalidad se impone aun frente a figuras de alto perfil y responsabilidad estatal, según resaltó O Globo en su cobertura.
La residencia actual de Bolsonaro, dentro de la sede de la Policía Federal en Brasilia, implica condiciones restrictivas pero contempla garantías básicas de habitabilidad, en un entorno vigilado y sujeto a protocolos de seguridad. La decisión de trasladarle desde el arresto domiciliario a esta instalación respondió al riesgo detectado por las autoridades de una posible fuga, que se intentó al retirarse la tobillera electrónica que portaba, según especificó el propio tribunal.
O Globo también consignó que el fallo constituye un hito judicial en la historia reciente de Brasil, no solo por involucrar la figura de un exmandatario, sino por la gravedad de los cargos y el precedente legal que establece respecto a futuras transgresiones al régimen constitucional. Lula finalizó su valoración insistiendo en la idea de que la democracia “no es un privilegio”, sino una conquista colectiva por parte de la sociedad brasileña, evidenciada –según sus palabras recogidas por el medio– en la resolución firme de las instituciones y en la aplicación equitativa de la justicia, sin distinciones por rango o cargo.
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