Hegseth da 15 días a la Armada para tomar posición ante el senador que pidió a las tropas ignorar órdenes ilegales

El Departamento de Defensa de Estados Unidos instruyó a la Armada a completar antes del 10 de diciembre una investigación sobre las declaraciones del senador Mark Kelly y otros cinco legisladores que pidieron a soldados estadounidenses rechazar órdenes consideradas ilegales durante operaciones en el Caribe y el Pacífico. Estas declaraciones surgieron tras la muerte de al menos 83 personas en ataques navales estadounidenses contra embarcaciones supuestamente ligadas al narcotráfico, hechos que organismos internacionales calificaron como ejecuciones extrajudiciales. Según consignó el medio fuente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, estableció un plazo máximo y reclamó un informe detallado sobre el asunto.

De acuerdo con lo publicado, Hegseth remitió una misiva oficial al secretario de la Armada, John Phelan, mediante la cual solicitó revisar públicamente las afirmaciones realizadas por Kelly el 18 de noviembre de 2025 o fechas próximas. El documento, difundido por el Departamento de Defensa en X, plantea que “El Departamento de Guerra recibió recientemente información sobre comentarios potencialmente ilegales realizados por el capitán (retirado) Mark E. Kelly en un video público, el 18 de noviembre de 2025 o alrededor de esa fecha. Refiero este asunto, y cualquier otro relacionado, para su revisión, consideración y decisión según lo considere oportuno”.

En ese contexto, el video en cuestión muestra a Mark Kelly, senador demócrata y capitán retirado de la Armada de Estados Unidos, junto con los congresistas Elissa Slotkin, Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan, enviando un mensaje directo a las fuerzas armadas del país. El grupo exhortó a los soldados a desobedecer órdenes que vayan en contra de la legalidad nacional o internacional. El mensaje textual, citado en la fuente original, fue: “Nadie tiene que cumplir órdenes que son contrarias a la ley o a nuestra Constitución (...). Sabed que os apoyamos. No abandonéis el barco”.

La publicación de este mensaje coincidió con un momento de intensa presión internacional. Tras la confirmación de la muerte de más de 80 personas durante actuaciones militares de EE. UU. en aguas del Caribe y el Pacífico, la Organización de Naciones Unidas y entidades de derechos humanos denunciaron la existencia de ejecuciones extrajudiciales, poniendo en cuestión la legitimidad de la operación y la adherencia de Estados Unidos a tratados internacionales. Como detalló la fuente original, estos acontecimientos colocaron a la administración estadounidense bajo observación en torno al uso de la fuerza letal en la lucha contra el narcotráfico y al marco legal que regula las órdenes en el ámbito militar.

Tras la divulgación del video, el presidente Donald Trump reaccionó públicamente y acusó a Kelly y a los otros legisladores de “traidores”, afirmando que incurrían en "comportamiento sedicioso punible con la muerte". Estas declaraciones presidenciales, según detalló el medio fuente, incrementaron la atención mediática y política sobre los posibles riesgos legales y estatutarios de la intervención de los legisladores. El episodio generó debate sobre los límites y responsabilidades vinculados a la obediencia debida de los soldados frente a la obligación de rechazar órdenes ilícitas.

El Pentágono, según consignó el Departamento de Defensa en sus canales oficiales, inició así una revisión formal sobre las consecuencias de las palabras de los congresistas, con la posibilidad de que Mark Kelly, como capitán retirado, pueda ser llamado al servicio activo para enfrentar un consejo de guerra o quedar sujeto a otro tipo de medidas administrativas. Esta consideración se apoya en las disposiciones previstas por el Código Uniforme de Justicia Militar, que permite procesar a reservistas si se les requiere activamente.

Sobre la trayectoria de Mark Kelly, el medio fuente puntualizó que su carrera militar incluyó misiones en el golfo Pérsico y desempeños como instructor en la Escuela de Pilotos Navales. El alcance actual de su responsabilidad jurídica depende de los resultados de la revisión interna, así como de una posible reincorporación al servicio para rendir cuentas ante la justicia militar.

A medida que se aproxima la fecha límite del 10 de diciembre para la conclusión de la investigación ordenada por el secretario de Defensa, la expectativa recae en el informe que la Armada deberá presentar sobre la pertinencia de las declaraciones de Kelly y los otros legisladores. La controversia también reabrió discusiones sobre los mecanismos de supervisión civil de las fuerzas armadas, el peso de las obligaciones éticas y jurídicas frente a órdenes superiores, y la continua disputa entre los requerimientos de la seguridad nacional y la salvaguarda de los derechos fundamentales.

Según publicó la fuente, la situación permanece en análisis dentro del Pentágono mientras sigue el debate sobre el alcance de las responsabilidades de los legisladores en cuestiones de mando militar y los controles institucionales que regulan las operaciones de Estados Unidos en el exterior. El episodio refleja un contexto de tensiones entre poderes civiles y militares, así como la presión internacional sobre el país por la observancia efectiva del derecho internacional humanitario.