
El debate en torno a las instituciones culturales españolas y su gestión quedó marcado por las fuertes declaraciones y acusaciones cruzadas en el pleno del Senado, donde el senador del Partido Popular, Juan Manuel Ávila, denunció que Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, habría duplicado el número de premios recibidos desde que ocupa su cargo, cifra que —según sostuvo— habría superado ampliamente la obtenida durante sus anteriores cuatro décadas como escritor. A partir de este señalamiento, el Senado decidió, tras la votación que registró 144 votos a favor, 96 en contra y 18 abstenciones, condenar formalmente la "intromisión" de García Montero en las competencias de la Real Academia Española (RAE). Esta decisión surgió de una moción impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, según reportó el medio Europa Press.
El senador Ávila fundamentó su intervención criticando la conducta de García Montero, a quien acusó de haber interferido sin justificación en el funcionamiento interno de la RAE y de haber mostrado falta de respeto a la autonomía de la entidad, particularmente durante el Congreso de Arequipa, en Perú. Ávila manifestó que “si Montero tuviera vergüenza ya habría dimitido. Al igual que si Albares tuviera un poquito de dignidad ya lo habría cesado”, según publicó Europa Press, haciendo referencia también al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El parlamentario expresó que las declaraciones públicas de García Montero “carentes de fundamento y ajenas al rigor institucional, suponen una intromisión directa injustificable en el propio ámbito de la RAE, así como una falta de respeto hacia su autonomía, su autoridad académica y su proyección internacional”.
Además, el Grupo Popular expresó dudas respecto a que el actual director del Instituto Cervantes posea el perfil y la proyección que se espera de quien representa al español internacionalmente, subrayando que, en su opinión, la institución se ha politizado y ha perdido parte del prestigio y neutralidad que exige su función. Según el mismo grupo, este episodio representa parte de una tendencia que ya se habría manifestado en el pasado con otras instituciones culturales, como la Real Academia de la Historia, el Museo de Antropología y el Museo de América.
La sesión también incluyó la defensa de una postura opuesta por parte de la senadora socialista Rosa María Aldea, quien, según Europa Press, abogó por la independencia y el compromiso de las instituciones implicadas en la promoción y protección del español. Aldea valoró la colaboración entre el Instituto Cervantes y la RAE, describiendo su contribución como complementaria y refutó los argumentos del Partido Popular, a quienes acusó de impulsar la polarización social y de desacreditar todos aquellos nombramientos que no consideran afines a su visión política, aludiendo así a una politización institucional que reprochó a la bancada opositora. Aldea presentó una enmienda de sustitución que pretendía enaltecer la colaboración y compromiso de las dos instituciones en la promoción de la lengua, además de reconocer el trabajo de ambas. Al presentar esta alternativa, la senadora insistió en la necesidad de reconocer el valor institucional y de poner fin a lo que calificó de ruido innecesario, al tiempo que destacó la amplia trayectoria profesional de García Montero.
El Partido Popular rechazó la enmienda propuesta por los socialistas, alegando que no recogía una condena explícita a las expresiones vertidas por García Montero. Los senadores populares reiteraron su postura, descartando compartir las declaraciones del director del Instituto Cervantes y lamentando, a su juicio, la falta de voluntad de los socialistas para abordar lo que consideraron una politización indebida de instituciones culturales.
En medio de la sesión, Vox presentó una enmienda solicitando la reprobación del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al que consideraron como “directo responsable de la pésima y nefasta dirección de la diplomacia cultural española”. Según declaraciones recogidas por Europa Press, el senador de Vox, Fernando Carbonell, afirmó que lejos de mejorar la imagen de España, Albares “se esfuerza en denigrarla”. El Partido Popular tampoco aceptó esta enmienda, argumentando mediante Ávila que no era el momento para reprobar al ministro de Exteriores, aunque señaló que existían “otros muchos y graves motivos para hacerlo de forma monográfica”.
El centro de la controversia, tal como reportó el medio Europa Press, radica en las diferencias entre los grupos parlamentarios acerca de los límites de la autonomía institucional y el papel político dentro de las entidades culturales. A lo largo del debate, las distintas formaciones mantuvieron sus posturas respecto a la independencia de los organismos, la gestión y representación internacional del español, y la conveniencia de expresar reprobaciones o apoyos explícitos a dirigentes como García Montero y Albares. La moción finalmente aprobada por mayoría en la cámara alta supone un pronunciamiento parlamentario que marca distancias respecto a la gestión actual del Instituto Cervantes y reclama un modelo institucional basado en la neutralidad y la excelencia profesional.