
La Fiscalía General de Paraguay ha ejecutado una batería de allanamientos en las viviendas particulares del expresidente de la República, Santiago Peña, y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, en el marco de la investigación por la quiebra del banco Ueno Bank, una causa que cuenta ya con 27 personas imputadas y en la que se indaga la colocación irregular de fondos públicos y previsionales en la entidad bancaria paraguaya que resultó quebrada.
Durante las intervenciones, asumidas por agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), los fiscales se han incautado de abundante documentación, equipos informáticos, soportes digitales y dispositivos electrónicos tanto en las residencias de los dos exmandatarios como en la sede de Ueno Casa de Bolsa.
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En un registro previo efectuado el domingo en otra vivienda de Peña en la localidad de San Bernardino, los investigadores localizaron una "bóveda de seguridad de gran complejidad" que aún está pendiente de apertura pericial. Asimismo, las autoridades intervinieron un teléfono móvil en el recinto donde el expresidente se encuentra recluido.
En la sede bursátil se ha procedido a la detención de una funcionaria sorprendida presuntamente destruyendo papeles oficiales durante la intervención fiscal.
LA FISCALÍA INVESTIGA INVERSIONES DE PEÑA EN EL EXTRANJERO
Paralelamente a los registros en territorio paraguayo, el Ministerio Público ha iniciado gestiones a nivel internacional para ubicar, congelar y repatriar activos en el exterior con el objetivo de indemnizar a los ahorristas afectados.
La Fiscalía ha mantenido reuniones telemáticas con la Oficina de Recuperación de Activos (ORA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Luxemburgo para gestionar el eventual bloqueo de criptoactivos e inversiones bursátiles vinculadas al expresidente Peña. Asimismo, las autoridades paraguayas aseguran estar en colaboración con los Gobiernos de Argentina y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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El equipo fiscal ha confirmado que la causa se inició el pasado 3 de noviembre y que las imputaciones se formularon de urgencia ante el riesgo de fuga tras el juicio político y la posterior destitución de Peña. El expresidente de la República afronta cargos por lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras que al extitular del Banco Central, Carlos Carvallo, se le imputan delitos de lesión de confianza y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Hasta el momento, la investigación abarca a unas 37 empresas y 35 personas vinculadas a los mecanismos de supervisión y decisiones regulatorias del banco. Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ha reforzado el equipo investigador con la incorporación de nuevos fiscales adjuntos para abarcar el rastreo patrimonial y la ejecución de nuevas medidas cautelares sobre bienes y sociedades corporativas.
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El colapso del banco paraguayo forzó la intervención de la banca matriz y aceleró la caída del Gobierno de Peña, quien ha sido sustituido en la Jefatura del Estado por su hasta ahora vicepresidente, Pedro Alliana.
El nuevo presidente ha continuado este lunes con los cambios en el Ejecutivo días después de asumir el cargo, entre los que destaca el nombramiento de Jorge Schreiner para dirigir el Banco Central de Paraguay.