La Administración Trump amenaza con un consejo de guerra al senador Kelly, que pidió desobedecer órdenes ilegales

“Esta cuestión será gestionada conforme a la ley militar y garantizando el debido proceso y la imparcialidad (...). Se limitan los comentarios oficiales para preservar la integridad del procedimiento”, publicó el Departamento de Defensa de Estados Unidos en un comunicado difundido en redes sociales. Este mensaje forma parte de la respuesta del Pentágono tras recibir denuncias sobre la actuación de varios legisladores, incluido el senador Mark Kelly, quienes grabaron un video en el que alentaron a miembros de las fuerzas armadas a rechazar órdenes consideradas contrarias a la Constitución y la ley. Según detalló el medio de comunicación, la investigación interna podría derivar en un proceso bajo la jurisdicción militar, incluyendo la convocatoria a un consejo de guerra o la aplicación de medidas administrativas.

De acuerdo con lo publicado, las acusaciones de conducta inadecuada se centran en el video donde Kelly y otros cinco miembros del Congreso —Elissa Slotkin, Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan— dirigieron un mensaje a los soldados estadounidenses a raíz de la reciente serie de ataques mortales llevados a cabo por el Ejército de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el mar Caribe y en el océano Pacífico. En el video, los legisladores afirman: “Nadie tiene que cumplir órdenes que son contrarias a la ley o a nuestra Constitución (...). Sabed que os apoyamos. No abandonéis el barco”. Esta declaración ha generado un fuerte debate sobre los límites de la obediencia militar y la responsabilidad de los subordinados en el contexto de conflictos y operaciones polémicas.

El Pentágono recibió “graves acusaciones de conducta inadecuada” derivadas de la publicación del video, lo que impulsó la apertura de una “revisión minuciosa” para determinar posibles violaciones en el comportamiento de los legisladores, reportó el medio. Como parte del proceso, la dependencia encargada de la defensa —denominada “Departamento de Guerra” por la administración Trump— estableció que evaluará las acciones a adoptar que pueden incluir desde el llamado al servicio activo para un consejo de guerra hasta medidas administrativas.

Tras la difusión de las imágenes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Kelly y sus colegas de traición y los señaló de exhibir “comportamiento sedicioso punible con la muerte”. Estas declaraciones intensificaron la polémica e incrementaron la tensión entre el poder ejecutivo y los legisladores involucrados, según consignó el mismo medio. Los congresistas reportaron haber recibido amenazas “perturbadoras” desde la emisión pública del mensaje, en un contexto marcado por la confrontación política y la atención mediática sobre operaciones internacionales de las fuerzas armadas estadounidenses.

La investigación se lleva a cabo en un momento en que la actuación de las fuerzas armadas estadounidenses ha sido objeto de escrutinio internacional a causa de los ataques militares efectuados en aguas del Caribe y el Pacífico. Como consecuencia de estas operaciones, al menos 83 personas fallecieron en las últimas semanas bajo la sospecha de vínculos con el narcotráfico, según detalló la fuente. Organizaciones de derechos humanos y la Organización de las Naciones Unidas han calificado dichas acciones como ejecuciones extrajudiciales y han solicitado una revisión independiente del proceder militar.

El caso de Mark Kelly es particular debido a su trayectoria en la Armada de Estados Unidos, donde llegó a desempeñarse como capitán y sirvió en dos periodos en el golfo Pérsico, además de enseñar en la Escuela de Pilotos Navales. El senador estaría sujeto al Código Uniforme de Justicia Militar solo si llegara a ser llamado al servicio en calidad de reservista, precisó la información difundida por el Departamento de Defensa.

El Pentágono aclaró que cualquier decisión se adoptará bajo procedimientos militares formales y que se evitará hacer declaraciones para resguardar el debido proceso. La suspensión de comentarios oficiales, explicó la institución, busca garantizar la imparcialidad de la investigación y la protección de los derechos tanto de los acusados como de quienes participan en el proceso.

El trasfondo de este conflicto radica en el debate sobre el papel de los funcionarios públicos al pronunciarse ante órdenes militares y la línea divisoria entre el discurso político y las normas que deben regir la conducta de los líderes civiles frente a la estructura castrense. El medio informó que la polémica ha visibilizado una discrepancia entre la administración Trump y una parte del Congreso respecto a la legalidad y legitimidad de las actuales operaciones militares contra presuntos narcotraficantes fuera del territorio estadounidense.

Mientras la ONU y organismos de derechos humanos cuestionan la legalidad de estas operaciones navales y denuncian presuntas ejecuciones sin debido proceso, la administración Trump insiste en la necesidad de políticas firmes contra el narcotráfico y en la defensa de la autoridad del comandante en jefe sobre las fuerzas armadas, lo que coloca a los legisladores en una posición delicada ante la posibilidad de sanciones bajo el fuero militar.

En este marco, la situación permanece en desarrollo, con la atención puesta tanto en las conclusiones que pueda alcanzar la investigación interna del Departamento de Defensa como en las eventuales repercusiones legales y políticas para los legisladores que participaron del video.