Petro defiende el bombardeo contra las disidencias que mató a seis "niños soldado" en Guaviare

Entre los comunicados oficiales y el debate público que generó el reciente operativo militar, la Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó el fallecimiento de seis menores de edad que habían sido reclutados de forma forzosa, según detalló el organismo. La Defensoría incluyó que otros cuatro cuerpos recuperados en la zona aún no están identificados. De acuerdo con el medio El País, este episodio ocurrió durante un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Armadas en un área selvática del Guaviare, al norte del país, en el marco de acciones contra disidencias de las FARC.

El presidente Gustavo Petro, directamente aludido por la controversia, justificó el ataque señalando que se trató de una medida para proteger a sus tropas ante un peligro inminente. Petro aseguró que la operación tenía como objetivo evitar la posible muerte de 20 soldados que, según afirmó, estaban bajo amenaza de hasta 150 hombres armados. El jefe de Estado compartió estas valoraciones en su cuenta de la red social X, enfatizando que “no es un crimen de guerra, porque si no se hace, 150 hombres bien armados hubieran podido matar a 20 soldados que se encontraban al frente”, según consignó El País.

Diferentes voces han criticado la legalidad del ataque y la forma en que se desarrolló la operación militar. La Defensoría sostuvo que el Derecho Internacional Humanitario impone límites claros, “incluso en el marco de las hostilidades”. El organismo consideró que, aunque los menores perdieron el estatus de civiles y se habían transformado en combatientes con funciones continuas de combate, esta sola condición “no habilita la posibilidad de un ataque”. Según publicó El País, la Defensoría describió los hechos como “profundamente lamentables” y señaló que los grupos armados ilegales, responsables del reclutamiento forzado de menores, cargan con la responsabilidad principal de estas muertes.

La reacción desde diversos sectores políticos tampoco se hizo esperar. Voceros de la oposición reclamaron explicaciones públicas al gobierno sobre el desarrollo y las consecuencias del operativo. Organizaciones defensoras de los derechos humanos también manifestaron cuestionamientos acerca de la proporcionalidad y legalidad del uso de la fuerza en esta intervención militar en una zona selvática de difícil acceso.

Petro, por su parte, atribuyó el fortalecimiento de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, a políticas aplicadas previamente a su gobierno. Señaló que la administración de su predecesor, Iván Duque, facilitó el aumento del poder de estos grupos “aprovechando el proceso de hacer trizas la paz”. El mandatario subrayó que, desde que asumió la presidencia, ha ordenado 12 acciones de bombardeo con el requisito de recabar inteligencia precisa para evitar víctimas infantiles. Según detalló El País, Petro remarcó que “mi ofrecimiento de paz buscaba antes que nada liberar menores de la guerra. Por diferentes motivos hemos liberado 2.411 niños”.

Respecto a la operación específica en Guaviare, el presidente explicó que las condiciones geográficas y la falta de inteligencia impidieron reducir el riesgo para los menores. Petro declaró que en ese contexto “debía preservar, ante que nada, vidas de soldados expuestos a una acción ofensiva letal”. Según informó El País, el jefe de Estado precisó que “en la selva no teníamos otro método para defender la vida de los soldados y tomé personalmente la decisión”.

Mientras la investigación sobre el operativo continúa y las autoridades siguen con la identificación de los cuerpos, el debate en Colombia persiste en torno al uso de la fuerza, el respeto al derecho internacional y el impacto del conflicto armado sobre los menores. Las críticas de la oposición y de organizaciones humanitarias mantienen la presión sobre el gobierno, que sostiene la necesidad de adoptar medidas excepcionales en contextos donde la seguridad de las tropas se encuentra en riesgo inmediato, según la información difundida por El País.