La intervención gubernamental que ordenó una auditoría urgente a las operaciones y adquisiciones de Energoatom ejemplifica la gravedad de las sospechas que involucran a responsables de una de sus oficinas en Kiev, donde se habrían canalizado de manera ilícita cerca de 100 millones de dólares. La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, comunicó oficialmente la decisión de reestructurar el Consejo de Supervisión de la compañía estatal tras el descubrimiento de una red que, según las autoridades, desvió fondos utilizando esquemas ilegales. Según Europa Press, este proceso incluirá nuevos nombramientos a realizarse durante los próximos siete días, un plazo que responde a la urgencia de restaurar la transparencia en la gestión de la energía nuclear en Ucrania.
El anuncio de Sviridenko ocurrió después de que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) junto a la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) publicaran resultados de una operación cuyo objetivo fue desmantelar una organización que habría blanqueado fondos en una sucursal perteneciente al exdiputado y empresario Andréi Derkach, quien actualmente desempeña funciones como senador en Rusia. Europa Press reportó que las investigaciones señalan cómo, a través de la oficina vinculada a Derkach en la capital ucraniana, se habrían movilizado casi 87 millones de euros mediante mecanismos financieros irregulares, profundizando el impacto del escándalo en medio de la fragilidad estructural generada por recientes ataques a infraestructuras energéticas.
De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la suspensión anticipada de los poderes del Consejo de Supervisión busca recomponer la gobernanza en Energoatom y reforzar los mecanismos de control interno. La reforma aplicada en 2023, que otorgó mayor autonomía e independencia a dicho órgano, establecía la elección de sus integrantes por concursos públicos abiertos, con criterios de competencia y transparencia. Sin embargo, la magnitud del caso de corrupción llevó al Ejecutivo a intervenir y a encargar la selección de nuevos miembros al Ministerio de Economía en conjunto con los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, en un proceso que pretende restaurar la confianza pública y salvaguardar los intereses del Estado ucraniano.
En su comparecencia, la primera ministra remarcó que el Consejo de Supervisión disponía de autoridad plena sobre la designación de directivos y la fiscalización de las operaciones de Energoatom, por lo que la responsabilidad frente al caso de corrupción detectado recae sobre este órgano. La jefa de Gobierno puntualizó que la intervención gubernamental no sustituyó el funcionamiento del Consejo sino que responde a la urgencia de esclarecer los hechos, restaurar la administración y asegurar el flujo energético en un país cuyo sector enfrenta daños continuos derivados del conflicto militar.
Según lo publicado por Europa Press, el Servicio Estatal de Auditoría de Ucrania recibió instrucciones de llevar a cabo de inmediato una revisión total de los procedimientos internos de Energoatom, en especial del área de adquisiciones. El Ejecutivo espera recibir rápidamente los resultados de esta auditoría y transferirlos tanto a la policía como a los organismos nacionales encargados de la lucha contra la corrupción. Esta medida se adopta en un contexto especialmente sensible, ya que Ucrania experimenta una creciente presión sobre su capacidad de generación y distribución de energía debido a los ataques que han afectado gravemente su infraestructura clave.
Las autoridades señalaron que la aparición de mecanismos criminales dentro de una oficina de Energoatom, titularidad de Andréi Derkach, está asociada a una red que no solo desviaba fondos sino que utilizaba la cobertura de la estatal para operar esquemas complejos de blanqueo. Según NABU y SAPO, el análisis de las transacciones sugiere que la estructura delictiva logró mover un volumen de recursos considerable usando instrumentos financieros irregulares, lo cual agudiza el desafío de mantener la integridad en una industria esencial para el suministro eléctrico nacional.
La urgencia por recomponer el sistema directivo en Energoatom se explica, también, por la situación de emergencia en la red energética ucraniana. Europa Press detalló que, tras las acciones militares contra infraestructuras críticas y los daños sufridos en centrales eléctricas, el control gubernamental sobre Energoatom se volvió central para evitar colapsos en la provisión de electricidad y encaminar el proceso de recuperación del sector. En ese marco, la exigencia de auditorías acentuadas y la revisión profunda de contratos y procesos internos se relacionan directamente con la meta de restaurar estándares básicos de transparencia y eficiencia.
La primera ministra subrayó que el Consejo de Supervisión deberá ahora rendir cuentas sobre lo sucedido y colaborar con las autoridades. Además, convocó a sus integrantes a participar activamente de las investigaciones en curso para facilitar el esclarecimiento y las posibles responsabilidades penales o administrativas. De acuerdo con Europa Press, la expectativa gubernamental es que estos esfuerzos permitan obtener resultados tangibles a corto plazo y sirvan para disuadir futuras desviaciones en la administración de empresas estratégicas.
El operativo conjunto de NABU y SAPO reveló la utilización de sistemas financieros complejos para efectuar transferencias ilícitas desde la oficina de Derkach en Kiev, confirmando indicios iniciales sobre la magnitud y el grado de sofisticación de la red investigada. Europa Press consignó que el origen de la intervención estatal en Energoatom se sitúa en los operativos realizados en los primeros días de la semana, en los que se identificaron evidencias de la canalización de recursos millonarios.
La reforma de la gobernanza en Energoatom implementada el año anterior, que buscaba dotar de independencia al órgano supervisor a partir de procedimientos competitivos, queda ahora cuestionada tras los acontecimientos recientes. El Ministerio de Economía y sus pares de Medio Ambiente y Agricultura concentran los esfuerzos para redefinir la composición del Consejo de Supervisión, con el objetivo de implementar controles reforzados y auditar cada operación vinculada a la empresa de energía nuclear.
El contexto actual, tal como reportó Europa Press, muestra cómo la crisis energética nacional se profundiza a partir de la vulnerabilidad de las estructuras de control estatal, que se ven afectadas tanto por la corrupción interna como por las consecuencias del conflicto militar. La intervención directa del Gobierno sobre Energoatom constituye un intento de restablecer el orden, la previsibilidad y la rendición de cuentas en uno de los sectores críticos para la estabilidad del país.
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