Asunción, 31 jul (EFE).- El 52 % de las instituciones públicas de Paraguay, especialmente municipales, está en alto riesgo de sufrir vulneraciones o incidentes informáticos, por lo que requieren una "acción inmediata" para formalizar políticas de seguridad y planes de respuesta, reveló un informe difundido este jueves por la Contraloría General de la República.
El documento, presentado al Senado, recoge los resultados de una evaluación de riesgos tecnológicos a 383 instituciones del sector público del país, realizada entre el 5 de mayo y el 30 de junio pasado.
Consultada al respecto, la directora general de Control Gubernamental de la Contraloría, Gladys Fernández, dijo a EFE que 198 del total de entidades públicas analizadas -equivalentes al 52 %- muestran un "riesgo alto" de que "ocurra un evento adverso con circunstancias graves". "La gran mayoría", agregó, corresponde a instituciones de municipios.
Un 28 %, es decir 108 instituciones, tiene un riesgo medio o una posibilidad moderada de que se materialicen amenazas, debido a "la falta de aplicación de algunos controles básicos" de seguridad, según la funcionaria. En ese grupo incluyó al Gabinete Civil de la Presidencia y la Cámara de Diputados.
Asimismo, un 13 %, o 49 instituciones evaluadas, como el Senado y los ministerios de Trabajo y Ambiente, tienen un riesgo "potencialmente alto" de que las "amenazas se materialicen", explicó.
Por otra parte, Fernández señaló que en un nivel bajo de riesgo están 27 instituciones -que representan un 7 %-, entre ellas el Gabinete Militar de la Presidencia y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). También mencionó a entidades que basan sus funciones en tecnologías de la información, como el Banco Central de Paraguay (BCP), el Ministerio de Economía y Finanzas o entidades financieras estatales.
La Contraloría instó a implementar controles de seguridad, asignar mayores recursos, invertir en la formación del personal y en una "fuerte capacitación" sobre la protección de la información, expresó Fernández, al advertir que evidenciaron, entre otros, "carencia de políticas de seguridad de la información", de planes de respuesta ante incidentes o de gestión de usuarios. EFE
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