Juzgan en España a red que extorsionaba a personas ricas con ayuda de funcionarios rusos

Málaga (España), 3 jun (EFE).- Un tribunal español juzga desde este martes a siete supuestos integrantes de una organización dedicada a "fabricar" causas penales para extorsionar a personas de alto poder adquisitivo en España, de la que formaban parte altos funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia de Rusia.

El juicio se desarrolla en Málaga (sur) y la Fiscalía pidió para todos ellos una pena total de 75 años de prisión por pertenencia a organización criminal, según el escrito fiscal, al que tuvo acceso EFE.

Algunos, además, son considerados presuntos autores de tres delitos de extorsión, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Entre los procesados, los principales residentes en Marbella, se encuentra la persona que supuestamente lideraba la organización en España, su esposa (de nacionalidad alemana aunque nacida en Ucrania) e hijo, y varias personas más, algunas con antecedentes penales.

Los acusados seleccionaban a sus futuras víctimas, todas ellas con perfil público, reconocida solvencia económica y conexión con actividades de dudosa legalidad susceptibles de originar un procedimiento penal.

La red implicaba falsamente a estas personas en procedimientos penales y les exigía grandes cantidades de dinero con la amenaza de llevar tales procedimientos hasta el final de sus consecuencias, como el ingreso en prisión en Rusia, informaron a EFE fuentes judiciales.

Para ello abrían incluso procedimiento penal en ese país, donde se les exigía dinero a las víctimas, a las que se advertía de que iban a ser detenidas (en algún caso se materializó) y extraditadas en virtud de una Orden Internacional de Detención (OID).

Los investigadores comprobaron que se llegó a detener el 16 de agosto de 2018 a un ciudadano, natural de Kaunas (Lituania), en el marco de una orden internacional de detención dictada por un tribunal de Moscú, y se le retuvo en España en prisión durante un mes.

Para solucionar "el procedimiento penal" le exigieron un millón de euros, cantidad que posteriormente fue rebajada a 500.000 a cambio de "archivar" el caso, aunque se celebraron cuatro reuniones antes de llegar al acuerdo. EFE