Akua Yala (Panamá), 29 may (EFE).- Al menos cinco líderes indígenas se entregaron este jueves a las autoridades panameñas, después de que la Fiscalía emitiera una orden de captura por un altercado la semana pasada con la Policía en medio de una protesta, donde una uniformada fue secuestrada momentáneamente.
Los indígenas emberá y wounaan denunciaron que, pese "a su disposición de entrega y su actitud pacífica", los líderes originarios fueron esposados de manos y pies, según un comunicado remitido a EFE.
Además, imágenes enviadas por los mismos muestran a una dirigente, ataviada con las prendas tradicionales, engrilletada subiendo a un auto policial.
"Tierras Colectivas Emberá y Tierras Colectivas Emberá y Wounaan (CGTCEW) denuncia públicamente los lamentables hechos ocurridos en horas de la mañana de hoy, cuando el Noko de la comunidad de Arimae, Elivardo Membache, junto con la Cacica Suplente Lucrecia Caisamo, Luciana Caisamo e Isaías Caisamo, se dirigían de manera voluntaria" a un cuartel del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), destaca el comunicado.
Los indígenas denuncian que sus "líderes fueron esposados de manos y pies por funcionarios de dicha entidad, tratándolos como delincuentes, en un acto que consideramos desproporcionado, injustificado y profundamente irrespetuoso hacia nuestras autoridades tradicionales".
La Fiscalía panameña anunció este jueves que los cinco dirigentes indígenas serán llevados "a audiencia de garantías" por "la comisión de varios delitos", sin precisar mayores detalles, después de que el pasado 27 de mayo se hiciera pública la orden de arresto contra ellos.
El suceso por el cual eran buscados ocurrió el pasado 20 de mayo en una de las localidades indígenas de la provincia de Darién, fronteriza con Colombia pero cercana a la carretera Panamericana, durante una violenta protesta contra la ley que reforma la Seguridad Social.
En medio de la manifestación, una integrante del Senafront, una mujer de la misma etnia indígena que los manifestantes, fue encerrada momentáneamente en un inmueble. Según videos difundidos entonces, un encapuchado empuja y presiona sobre el cuello a la agente hasta llevarla a un cuarto mientras otros indígenas gritan y la señalan.
"Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y a la comunidad nacional e internacional, para que se garantice la integridad física y emocional de nuestros líderes, así como el respeto a los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas del país", apunta el comunicado.
También, los indígenas pidieron por medio de una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informar al "Estado panameño que se encuentra en trámite una petición y una medida cautelar a favor de" los dirigentes indígenas de esa localidad del Darién así como que no les decreten "detención preventiva por causas de su derecho indígena".
Los indígenas se han sumado a las protestas que desde hace más de un mes se registran de manera irregular en Panamá contra varias iniciativas del Gobierno de José Raúl Mulino, pero en especial una polémica ley para reformar la Seguridad Social, sumida en una grave crisis financiera desde hace años.
Este jueves, los indígenas Guna bloquearon por horas un punto de la carretera Panamericana, cercano a Darién, provocando largas filas de autos. Vestidos con sus coloridas prendas autóctonas, marcharon por un importante puente sobre un largo.
Los sindicatos han sido los principales motivadores de la huelga, que mantiene semiparalizado al sector obrero, docente (solo en la educación pública) y bananero, este último en la provincia de Bocas del Toro, en el caribe panameño y cercana a Costa Rica.
En esa zona, dependiente de la industria bananera y del turismo, Chiquita Panamá anunció el despido de casi 5.000 empleados y la paralización de sus operaciones "hasta nuevo aviso" debido a que la huelga de sus empleados generó pérdidas por valor de 75 millones de dólares.
Tras esa situación, el Gobierno decretó esta semana el estado de emergencia en Bocas del Toro para agilizar recursos por hasta 10 millones de dólares y hacer frente a la crisis en esa provincia, que mantiene fuertes bloqueos viales, lo que complica el traslado de productos al ser, en mayor parte, una zona insular.EFE
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