Madrid, 29 may (EFE).- Una jueza de la Audiencia Nacional en España ha enviado a prisión provisional a un ex número dos del Ministerio del Interior y a un conocido 'hacker', por su presunta vinculación con una red de ciberataques que se habría hecho con datos sensibles de millones de españoles.
Fuentes jurídicas informaron este jueves a EFE de la decisión adoptada, a instancias de la Fiscalía, al acordar prisión preventiva sin fianza para el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez hasta que la Policía asegure las bases de datos supuestamente creadas por el 'hacker' Alcasec para la consulta de información obtenida ilícitamente.
La jueza María Tardón decretó asimismo prisión provisional, en su caso también por riesgo de fuga y de reiteración delictiva, para José Luis Huertas, alias Alcasec, que sería la pieza clave de esta red que habría usurpado datos personales procedentes de sistemas educativos, registros civiles, registros de mascotas, abonos de transporte, registros telefónicos y plataformas de facturación de compañías eléctricas.
Unos hechos que la magistrada investiga en una causa que se mantiene bajo secreto, por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo y descubrimiento y revelación de secretos, particularmente allanamiento o intrusismo en un sistema informático y apoderamiento y cesión de datos reservados.
Martínez y Alcasec fueron detenidos el martes.
Junto a ellos fue detenida una tercera persona vinculada a Alcasec, Adrián M., para quien la juez también ha decretado prisión preventiva por el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
En esta misma operación fue además arrestado en Andorra el 'youtuber' Álvaro Martín, para quien deberá pedir su extradición a España.
El ex secretario de Estado de Seguridad entre 2011 y 2016 se encuentra procesados por dos casos de presunto espionaje a partidos políticos.
Según fuentes presentes en la declaración ante la jueza, Martínez defiende que nunca se ha enriquecido con los datos con los que presuntamente comercializaba Alcasec, para quien actuó como abogado.
El 'hacker' ya estuvo en prisión en 2023 por el ataque a una web del Consejo General del Poder Judicial en España, pero quedó en libertad provisional al colaborar con la Justicia, lo que permitió la recuperación de casi un millón de euros que había obtenido de la venta de datos.
En esta causa por la que se le ha enviado a prisión, se le vincula con una organización que contaría con una sofisticada infraestructura tecnológica diseñada para maximizar la extracción, almacenamiento, procesamiento y explotación de datos obtenidos ilícitamente.
La información se conseguía mediante ciberataques contra sistemas de organismos públicos y privados y, a partir de esa acumulación progresiva de datos, la organización elaboraba presuntamente perfiles de personas e instituciones con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible. EFE
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