Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto con las federaciones sectoriales de banca de ambos sindicatos, han presentado hoy un escrito dirigido al titular del Ministerio de Economía, Carlos Cuerpos, en el que han trasladado formalmente su oposición frontal a la OPA hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell.
Las organizaciones han alertado de los "riesgos económicos, sociales y laborales" y han recordado que la operación puede suponer una "pérdida masiva" de empleo. En concreto, lo cuantifican entre 7.684 y 10.567 empleos directos, afectando "especialmente" a los mayores de 50 años.
Los sindicatos han dirigido al Ministerio tanto el escrito como un análisis elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid que "confirman" lo que vienen denunciando: que "la operación no se justifica por razones de eficiencia ni competitividad" y, por el contrario, "supondría un grave perjuicio para el conjunto de la sociedad". "Una fusión lesiva para el empleo, el crédito y la cohesión social", añaden.
Sostienen que la operación podría suponer el cierre de entre 589 y 883 sucursales --BBVA lo cifra en unas 300 oficinas--, "afectando de manera directa a la España vaciada, a personas mayores y a colectivos vulnerables".
También se produciría, según los sindicatos, una reducción de la oferta de crédito, con especial impacto en pymes y autónomos, y un endurecimiento de sus condiciones, así como una "pérdida de competencia". En este sentido, las organizaciones sostienen que la entidad resultante de una operación entre BBVA y Sabadell concentraría, junto a Santander y CaixaBank, más del 70% de los activos bancarios del país, "acentuando el riesgo sistémico ('too big to fail') y debilitando la salud del sistema financiero".
Desde una perspectiva territorial, CCOO y UGT sostienen que esta operación "socavaría" la cohesión social y económica, "debilitando el tejido productivo en comunidades especialmente expuestas".
"La eliminación de un operador clave como el Banco Sabadell en regiones donde tiene una fuerte implantación (Cataluña, País Valenciano, Asturias o Murcia) representa una amenaza directa a la pluralidad del sistema bancario y a su capacidad para servir a la economía real", prosiguen.
Los sindicatos han criticado, además, la "irresponsabilidad empresarial" que supone "destinar miles de millones de euros a mejorar la remuneración del accionariado o a sobrepujar la oferta, en lugar de reforzar el capital y prepararse para los riesgos de un contexto económico internacional incierto".
Por tanto, creen que el Gobierno "debe actuar" para impedir la operación. Actualmente la operación está siendo, de hecho, analizada por el Ministerio de Economía para decidir si eleva o no su estudio al Consejo de Ministros. Para apoyar su decisión, el Ministerio ha abierto una consulta pública para recabar la opinión de actores directamente afectados por la operación.
La consulta pública acaba este mismo viernes, 16 de mayo, mientras que el Ministerio tiene de plazo hasta el 27 de mayo para tomar una decisión. Posteriormente, si finalmente pasa el Consejo de Ministros, el Gobierno tiene el plazo de un mes para endurecer las condiciones de la operación basándose en razones de interés general que van más allá del ámbito de la competencia.
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