Lima, 5 may (EFE).- El fiscal anticorrupción peruano José Domingo Pérez, quien dirige la acusación contra la líder política Keiko Fujimori por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016, retomará este martes sus funciones, después de que se aceptara la apelación que presentó contra una suspensión que se le impuso en abril pasado.
La decisión fue tomada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), que declaró nula la decisión de apartar de manera preventiva a Pérez durante seis meses, según informaron medios locales que publicaron la resolución fiscal.
El documento, emitido este lunes por la Dirección General de Apelaciones de la ANC, declaró fundada en parte la apelación de Pérez y determinó que el magistrado deberá reincorporarse al Equipo Especial que investiga los casos Lava Jato y Odebrecht en Perú a partir de este martes.
La ANC del Ministerio Público suspendió el pasado 7 de abril durante seis meses a Pérez y señaló que estaba "impedido de ejercer durante ese periodo las atribuciones propias de la condición de fiscal" provincial del Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, por presuntas faltas administrativas.
La resolución señaló que "el apartamiento preventivo en el ejercicio de la función fiscal se adopta en situaciones excepcionales y de suma gravedad, que comprometen la dignidad del cargo y desmerecen al fiscal en su concepto público".
Tras conocerse la medida, Pérez declaró que se trataba de una decisión "injusta y abusiva" y que los fiscales peruanos afrontan "tiempos difíciles y de resistencia".
La Justicia peruana ratificó el pasado 3 abril la decisión de anular el juicio contra Fujimori por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016, en respaldo de una decisión del Tribunal Constitucional (TC).
En ese sentido, se declaró infundada una apelación presentada por Pérez, por lo que el Ministerio Público deberá volver a elaborar parte de la investigación y presentar una nueva acusación, un proceso que, según expertos, puede tardar entre un año y un año y medio.
A partir de ese momento, un juez decidirá si abre juicio oral contra Fujimori y otras 32 personas vinculadas al partido Fuerza Popular, que son procesadas por los presuntos aportes ilegales a sus campañas de parte de empresas como la brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos.
Pérez había pedido que la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, quien falleció en noviembre pasado, sea condenada a 30 años y 10 meses de prisión. EFE
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