La Universidad de Harvard ha anunciado este lunes que rechaza los cambios de política que le exigía la Casa Blanca en una carta remitida la semana pasada, por lo que podría perder casi 9.000 millones de dólares (euros) en financiación federal.
"Hemos informado a la Administración a través de nuestro representante legal de qe no aceptamos su propuesta de acuerdo", ha apuntado el presidente de la Universidad de Harvard, Alan M. Garber, en un comunicado oficial. "La Universidad no va a entregar su independencia ni sus derechos constitucionales", ha añadido, según recoge la cadena estadounidense CNN.
La semana pasada esta prestigiosa institución universitaria recibió una misiva con una serie de modificaciones para "mantener la relación económica de Harvard con el Gobierno federal".
La Administración de Trump ha enviado cartas a muchas universidades del país amenazando con recortes en la financiación si no se aplicaban cambios. El rechazo de Harvard es la primera de una universidad de élite.
Entre las peticiones, la eliminación de los programas de diversidad, igualdad e inclusión, la prohibición de máscaras en manifestaciones dentro del campus, cambios en la política de contratación y admisión y limitar a quienes "están más implicados en el activismo que en la enseñanza".
El Gobierno federal defiende estas medidas para "combatir el antisemitismo" que vincula con las multitudinarias manifestaciones y encierros de 2024 en protesta por la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.
"El presidente Trump trabaja para hacer la educación superior grande de nuevo poniendo fin al antisemitismo desenfrenado y garantizando que los dólares de los contribuyentes federales no financien el apoyo de Harvard a una peligrosa discriminación racial o violencia política", ha indicado un portavoz de la Casa Blanca, según la CNN. "Ni Harvard ni ninguna otra institución que viole el Título VI está, por ley, inhabilitada para recibir financiación federal", ha remachado.
En su comunicado, el presidente de Harvard advierte de que la mayoría de los cambios exigidos "suponen una intervención gubernamental directa en las condiciones intelectuales" de la universidad.
"Ningún gobierno, del partido que sea, debe dictar lo que pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden matricular o contratar o qué ámbitos de estudio o investigación deben abordar", ha alegado Garber.
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