Cristina Bazán
Quito, 23 ene (EFE).- Doce años tuvieron que pasar para que Norma (nombre ficticio para proteger su identidad) encontrara en el Comité de Derechos Humanos de la ONU la justicia que no ha obtenido en su natal Ecuador, donde fue obligada a seguir con un embarazo y una maternidad no deseada producto de una violación, ante la imposibilidad de acceder a un aborto cuando tenía 13 años.
Ahora, con 25 años, mira hacia atrás y dice en una entrevista con EFE que espera que, tras la condena que emitió el lunes el Comité en contra del Estado ecuatoriano por su caso, ninguna niña más tenga que pasar por lo que ella vivió.
"No quiero que nadie más pase por eso. Quiero que ellas (las niñas) sean libres, que sean felices, que jueguen, que estudien", agregó la joven, quien a los 13 años quedó embarazada producto de una violación perpetrada por su padre, quien ya había violado a otras niñas de la familia y había sido denunciado a las autoridades ecuatorianas.
En su dictamen, el Comité relató que Norma no pudo acceder a un aborto terapéutico pese a que es legal en Ecuador, por lo que se vio obligada a llevar su embarazo a término y dar a luz a un niño nacido del incesto, y a criarlo en la pobreza y sin acceso a educación, ya que "fue mal informada sobre las opciones de adopción".
"Obligar a las niñas víctimas de violación a sufrir embarazos no deseados es una violación del derecho a la vida digna, un acto que equivale a tortura", dijo Hélène Tigroudja, una integrante del Comité, que ordenó al Estado adoptar medidas para combatir la violencia sexual y garantizar que sus víctimas tengan acceso efectivo al aborto.
En Ecuador, la interrupción del embarazo es legal cuando se practica para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer y, únicamente desde 2021, cuando la gestación fue producto de una violación. Sin embargo, en este último caso, las víctimas de violencia sexual solo pueden acceder al procedimiento hasta las 12 semanas de gestación.
Norma aseguró que nunca se imaginó que esta decisión del Comité de la ONU podía llegar, sobre todo porque, antes de conocer al grupo de abogadas del movimiento regional 'Son niñas no madres' que ahora la acompañan, vivió momentos muy duros.
"Para mí la vida no valía y algunas veces intenté suicidarme. Me daba miedo pensar que la persona que me hizo daño podía aparecer nuevamente, porque un familiar decía que lo había visto", mencionó.
Su padre huyó y murió años después, por lo que nunca fue detenido ni juzgado por el delito que cometió en contra de Norma y una prima de ella.
Norma recordó que logró ver la luz cuando sus ahora defensoras le dijeron que su vida podía cambiar y que la apoyarían hasta el final. "Es diferente sentir ese apoyo, que alguien te escucha y que quiere ayudarte a cambiar para que otras niñas cambien también", señaló.
Cuando se enteró de la condena sintió "una felicidad enorme e inexplicable" y pensó también en todas las niñas cuyas vidas -dijo- ahora podrían ser diferentes.
La joven está consciente de que en Ecuador la violencia sexual es un problema estructural y que se perpetúa por el silencio y la impunidad. Lo vivió en carne propia en su familia, donde sus hermanas también fueron violentadas por el padrastro de ellas.
"Sufrieron, también tuvieron hijos y es muy difícil, muy duro, porque ser madres así... uno no sabe cómo dar ese cariño que una madre debe dar a sus hijos porque es muy difícil", lamentó.
Según datos proporcionados por las organizaciones que la acompañan, cada día en Ecuador una docena de niñas de 10 a 14 años dan a luz producto de violaciones.
Por eso hizo un llamado a la sociedad para que las niñas sean escuchadas y creídas. "Muchas personas no nos creen. Nos dicen: 'Ah, no, es tu papá, dile que eres su hija y que ya no te haga eso', pero las cosas no son así".
Y también pidió a las autoridades y a los operadores de justicia que no revictimicen a las niñas cuando intentan denunciar la violencia sexual. "Nos hacen sentir culpables, como si nosotras estuviéramos haciendo el daño al agresor. Queremos que nos apoyen y que nos escuchen", concluyó. EFE
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