Santiago de Chile, 3 ene (EFE).- Un tribunal local de Chile ordenó este viernes prisión preventiva para el diputado Mauricio Ojeda, que estuvo afiliado al ultraconservador Partido Republicano, acusado de reiterado fraude al Fisco e investigado en una de las aristas del llamado caso Convenios, una investigación sobre corrupción que también salpica a la coalición de Gobierno.
La citada arista trata de dilucidar el destino de 730 millones de pesos (730.000 dólares) traspasados desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc, destinados a realizar diversos cursos para mujeres vulnerables de las localidades meridionales de Temuco y Padre Las Casas, que no se ejecutaron.
La jueza de Garantía Leticia Rivera aceptó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía y la parte querellante, correspondiente al Gobierno Regional de La Araucanía, después de que en la sesión se mostrara que Ojeda habría tenido participación relevante y la intención de defraudar al fisco, tras estudiarse los registros de las cartolas de las fundaciones.
Estas mostrarían que una vez liberados los fondos fiscales, se destinaron cerca de 80 millones de pesos más intereses (80.000 dólares) a devolver préstamos gestionados por el diputado.
“No solo utilizó su patrimonio, sino el de terceros, para otorgarle el colchón necesario a la imputada para simular una solvencia inexistente para postular… supeditando su devolución (del dinero prestado) inmediata una vez adjudicados los proyectos”, explicó la togada.
Además, "intervino en asuntos que no debía intervenir, y más aún, formó parte de un despliegue de acciones tendientes a defraudar al fisco y en su calidad de diputado de la república y ente fiscalizador debió, por el contrario, haberlo prevenido y evitado”, agregó.
En su decisión, la magistrada también tuvo en cuenta la gravedad de los hechos imputados, la pena que se solicita por los mismos, la cifra de delitos imputados -tres supuestos fraudes al fisco, uno de ellos frustrado- y el hecho de que sus acciones afectaron a la población más vulnerable.
La defensa solicitó, por su parte, que la prisión preventiva se cumpla en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, recinto penitenciario donde están la mayoría de los acusados en Chile por delitos de corrupción mientras que la audiencia estableció un plazo de 30 días para el desarrollo de la investigación. EFE
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