
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido este lunes que el registro de profesionales objetores al aborto "no tiene ningún sentido" porque nadie puede obligar a un sanitario a quitarle la vida a nadie y ha recalcado que el Gobierno regional apoyará el derecho de "profesionales" a la objeción "por temas éticos, morales, filosóficos o religiosos" y no como algo "punitivo".
"Ese registro no tiene ningún sentido cuando tú, el minuto antes de realizar un aborto o una eutanasia, puedes alegar que tienes objeción de conciencia, porque nadie puede obligar a que quites la vida a nadie. Lo único que, como gestores, sí que tenemos la obligación de proveer un servicio. Con lo cual, dentro de ese marco, nosotros vamos a respetar la ley, pero vamos a proteger a nuestros profesionales sanitarios", ha dicho.
Así lo ha indicado a la salida del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado este lunes, en el que las comunidades autónomas y Ministerio han abordado la creación del registro de profesionales objetores al aborto, un punto que aparece en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en febrero de 2023.
Según el Ministerio de Sanidad, el objetivo de este protocolo es que se establezcan las bases para que las comunidades autónomas desarrollen sus registros de objetores de manera homogénea y coordinada en todo el territorio, asegurando que "no haya lugar para excusas o vacíos legales".
La Comunidad de Madrid, ha dicho la consejera, cumplirá la ley, pero también protegerá "al personal sanitario y no sanitario de ese derecho a la objeción por temas éticos, morales, filosóficos o religiosos". "No pueden estigmatizarse y los gestores estamos precisamente para cumplir esa ley pero no para crear registros, que lo único que buscan es algo punitivo", ha indicado.
En este sentido, ha recordado que la Ley de Protección de Datos protege a todos esos profesionales "que estén registrados en cualquier lista, a que sus nombres no aparezcan en ningún sitio, a no ser que el juez lo pida". Además, ha resaltado, "el derecho del usuario no está por encima del derecho del sanitario, dentro de lo que marcan todas las legislaciones".
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