Lima, 14 dic (EFE).- El Congreso de Perú restituyó la detención preliminar sin flagrancia en el país después de haber aprobado hace dos días una ley que la eliminaba y que había recibido críticas del Ministerio Público.
La noche de este viernes, el pleno del Congreso aprobó con 79 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 9733, que propone restituir y modificar un artículo del Nuevo Código Procesal Penal, referido a la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia.
Así, el juez podrá dictar el mandato de detención preliminar cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, "pero existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años", reza la propuesta.
Y también por si las circunstancias del caso presentan indicios razonables de posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.
La iniciativa fue sustentada por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el congresista del partido marxista Perú Libre, Isaac Mita Alanoca.
Su colega Ruth Luque señaló que la propuesta "recoge el consenso de todas las bancadas a fin de luchar contra la delincuencia en el país".
"Significa que estamos regresando al texto original de antes. Creo que ha sido importante la presión social, de los medios de comunicación y de varios congresistas que hemos denunciado este retroceso serio en la lucha contra la criminalidad", indicó Luque.
Este jueves, el Ejecutivo promulgó la Ley 32181, aprobada previamente por el Congreso, con las firmas de la presidenta Dina Boluarte y su primer ministro, Gustavo Adrianzén.
Aunque su intención fue prohibir que los policías puedan ser detenidos preliminar o preventivamente tras causar una lesión o muerte en cumplimiento de sus funciones, también se incluyó una disposición final complementaria que eliminó la detención preliminar sin flagrancia en todos los casos.
Tras la polémica y las críticas generada por esa medida, lanzadas principalmente por el Ministerio Público, juristas y medios locales, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció este jueves que el Ejecutivo iba a analizar si planteaba la modificación de la disposición complementaria.
Arana declaró a la emisora RPP que cuando el proyecto llegó al Ejecutivo su despacho hizo un informe en el que manifestó su preocupación, pero también determinó que se encontraba en el "marco de la Constitución".
A su turno, el presidente del Congreso, el conservador Eduardo Salhuana, también manifestó su preocupación por esta norma y consideró que debía ser corregida, como finalmente ocurrió. EFE
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