Lima, 20 nov (EFE).- El ciudadano peruano Nicanor Boluarte, uno de los hermanos de la presidenta Dina Boluarte y a quien la Justicia dictó este martes 36 meses de prisión preventiva por un caso de tráfico de influencias, está esperando a que la Corte Suprema analice su apelación para decidir si se entrega a las autoridades, informó este miércoles su abogado.
"Vamos a esperar a que nuestra apelación sea analizada por la corte superior y, en ese momento, se tomará la decisión de someterse o no a la decisión del Poder Judicial", dijo a Canal N el defensor legal de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco.
Añadió que mientras la decisión no sea firme, no se puede calificar a Nicanor Boluarte como prófugo y consideró que la medida tomada por el juez de imponer los 36 meses de prisión preventiva contra su cliente es "una decisión arbitraria".
El hermano de la presidenta no se conectó a la última audiencia y no ha aparecido ni se ha manifestado de manera pública, lo que ha desencadenado que los medios indiquen que se encuentra prófugo.
En este sentido, otro de sus abogados, Josep Campos, dijo que Nicanor Bolaurte ha tomado de manera personal esta decisión de no compadecer y añadió que no está recibiendo consejos de su defensa.
Calificó la decisión del juez como "la crónica de una muerte anunciada" y señaló que ha sido arbitraria porque este adelantó opinión en las audiencias.
El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó este martes 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, quien es investigado por la Fiscalía por presuntamente liderar una red criminal que buscaba "perpetuarse en el poder y continuar con el control del aparato estatal".
Tomó esta decisión en el caso denominado 'Los Waykis (amigos) en la sombra', abierto por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
Al argumentar su decisión sobre el pedido fiscal, el magistrado consideró que Nicanor Boluarte, quien no estuvo presente en la sala de audiencias, tendría facilidad para salir del país debido a su condición de hermano de la presidenta, además de descartar que tenga arraigo laboral y domiciliario, tal como argumentó la defensa.
Agregó que se trata de una medida "idónea que servirá para evitar que fugue o perturbe la actividad probatoria" y por su presunta condición de líder de una red criminal que intervino en la designación de prefectos y subprefectos (autoridades administrativas en las regiones del país) para contar con su ayuda para formar un partido político.
Al inicio de la audiencia de este martes, Vivanco, informó que el investigado no se encontraba en el tribunal, a pesar de que el juez convocó a una sesión presencial, tras haber realizado las dos anteriores de manera virtual.
El juez desarrolló los argumentos de su resolución a lo largo de tres jornadas, con más de diez horas de duración en cada caso, en los que concluyó "que los hechos imputados si tendrían connotación criminal".
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