Asunción, 15 nov (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, sancionó este viernes un proyecto de ley que pretende controlar la financiación y las actividades de ONG nacionales y extranjeras en el país, el cual ha sido blanco de críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil que habían pedido al Ejecutivo el "veto total" de la iniciativa.
"Promulgué la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). La Ley busca establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, fomentando la rendición de cuentas y el impacto positivo para la ciudadanía", anunció Peña en su cuenta de X.
El mandatario indicó que solicitó al Ministerio de Economías y Finanzas que, a través del Equipo Nacional Estrategia País, "se inicien los trabajos para la reglamentación de la ley de manera participativa con todos los sectores involucrados".
Peña dio su aval al polémico proyecto de ley "Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro", aprobado el pasado 2 de octubre por la Cámara de Diputados tras incluir una serie de modificaciones remitidas por el Ejecutivo
El Senado dio el 9 de octubre pasado su visto bueno a la propuesta de ley, que regirá para las ONG que "reciban o administren fondos públicos o privados nacionales, fondos privados internacionales y/o fondos públicos provenientes directamente de otros Estados".
La ley establece que las organizaciones lleven balances, una base de datos donde consten "la totalidad de los fondos o bienes que reciban o administren", y presenten informes sobre el "cumplimiento de sus propósitos", así como de su personal y beneficiarios.
Organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por el proyecto de ley y advirtieron que busca la "persecución y la estigmatización" de estas.
En una conferencia de prensa, el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Dante Leguizamón, aseguró el pasado 10 de octubre que el proyecto de ley "parte de una falacia de que las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones sin fines de lucro no están controladas".
En ese sentido, argumentó que dichas entidades están bajo la reglamentación del Código Civil, de distintas leyes nacionales y de entidades como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), entre otras.
También líderes políticos han manifestado su desacuerdo.
El senador opositor Eduardo Nakayama, cuestionó, en medio de los debates legislativos de octubre pasado, que este tipo de leyes de "control a la sociedad civil" se aplique a organizaciones nacionales y extranjeras que reciben fondos privados, que consideró no son "problema del Estado".
También el diputado opositor Raúl Benítez ha manifestado su inquietud y alertó de que este tipo de normas son propias de países con "sistemas totalitarios".
En respuesta a las críticas, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Raúl Latorre, dijo a periodistas en octubre pasado que la norma busca la "transparencia" en un contexto donde -afirmó- existen "serios indicios de lavado de dinero por parte de determinadas ONG" y "financiamiento político extranjero". EFE
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