Lisboa, 10 oct (EFE).- El Gobierno conservador de Portugal, liderado por el primer ministro Luís Montenegro, presentó este jueves su primer proyecto de Presupuesto, basado en incentivos y rebajas fiscales para los jóvenes, las familias y las empresas, además de una subida del salario mínimo.
Las cuentas de 2025 tienen el objetivo de "recuperar el país, reformar la economía y relanzar Portugal, siempre con responsabilidad presupuestaria", defendió durante la presentación el ministro de Finanzas luso, Joaquim Miranda Sarmento.
El Gobierno no tiene garantizada la aprobación del Presupuesto, ya que está en minoría en el Parlamento y no ha alcanzado aún un acuerdo con los socialistas, pero Miranda Sarmento prefiere la "preocupación" por un posible fracaso para después de la "discusión política".
Estas son las principales medidas del documento:
- Régimen fiscal con exenciones y descuentos para los jóvenes de hasta 35 años durante su primera década en el mercado laboral.
- Restructuración del programa de vivienda accesible para jóvenes, para ampliar su alcance y con una mayor dotación.
- Exenciones fiscales y garantía pública en las hipotecas para la compra de vivienda hasta los 35 años.
- Abono transporte gratuito hasta los 23 años y un pase de 20 euros por mes para usar en gran parte de los servicios ferroviarios del país.
- Actualización del 4,6 % en los escalones del IRS (impuesto sobre la renta de las personas físicas) para reducir el porcentaje que pagan los trabajadores.
- Exenciones fiscales a los premios de productividad y reducciones en las horas extra.
- Aumento del salario mínimo, que pasará de los 820 euros actuales a los 870 euros en 2025. El Gobierno tiene el compromiso de incrementarlo anualmente en 50 euros hasta alcanzar los 1.020 euros en 2028.
- Reducción de la tasa del IRC (impuesto de sociedades), que pasará del 21 % al 20 %. Las pymes tendrán una bajada adicional, hasta el 16 %.
- Programa 'Acelerar la economía', con ventajas fiscales para subidas salariales de más del 4,7 %, incentivos a la recapitalización de las empresas y una reducción del plazo en el que la administración pública paga a sus proveedores, que pasa a 30 días.
- Revisión de la Ley Presupuestaria para acomodarla a las nuevas reglas europeas, incluir un mecanismo de revisión de gastos, "reforzar el compromiso" con la igualdad de género y con la fiscalidad verde. EFE
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