París, 10 oct (EFE).- El Gobierno francés prescribió este jueves una receta de austeridad para controlar el desbocado déficit público, con una mezcla de más impuestos y recorte de gastos por un total de 60.000 millones de euros para 2025, que fue rechazado al unísono por la oposición de izquierda y de extrema derecha.
"Es un esfuerzo urgente, inédito y necesario", resumió el ministro del Presupuesto, Laurent Saint-Martin, en la presentación del proyecto de ley que aprobó hoy el Consejo de Ministros y que ahora deberá ser debatido en la Asamblea Nacional.
Con el Gobierno en minoría parlamentaria, el ministro de Economía, Antoine Armand, pidió a la oposición "tener altura de miras" en el debate parlamentario ante el creciente deterioro de las cuentas públicas, que cerrarán 2024 con un déficit previsto del 6,1 % del PIB, desde el 5,6 % del año pasado.
El objetivo es cerrar 2025 en el 5 %. El esfuerzo de 60.000 millones de euros incluye un recorte de gasto del sector público, especialmente del Gobierno central, por valor de 40.000 millones.
Otros 20.000 millones vendrán del aumento "necesario y temporal" de impuestos a los más ricos (quienes ingresan más de 500.000 euros anuales) y a las empresas con más de 1.000 millones de euros de facturación.
La mayor aportación a los más ricos afectará a 65.000 contribuyentes durante tres años, y busca garantizar que tengan una imposición mínima del 20 %. El Ministerio de Economía espera recaudar 2.000 millones anuales con esta medida.
En cuanto a las grandes empresas, estarán afectadas unas 440, según las cifras de Economía, y pagarán un complemento adicional sobre sus beneficios. Se prevé recaudar 8.000 millones de euros adicionales el año próximo.
También habrá un impuesto a la recompra de acciones por parte de las empresas, así como una tasa excepcional para los fletes marítimos.
El Ministerio de Economía anunció también un aumento del impuesto a la compra de billetes aéreos, que incluirá también a los viajes en aviones privados, aunque no le ha dado tiempo a incluirlo en el proyecto de ley presupuestario.
También se propone un aumento del impuesto sobre la electricidad, que según el Gobierno no será percibido por los consumidores debido a la reducción del precio de la luz, de forma que el coste total bajará para un 80 % de los franceses.
Otra medida es el aumento de la penalización fiscal para los vehículos más contaminantes, incluyendo los automóviles híbridos no recargables con peor rendimiento ambiental.
La reducción del gasto llegará a través de una serie de medidas, como el retraso de seis meses (del 1 de enero al 1 de julio) de la revalorización de las pensiones de jubilación o del recorte de 5.000 millones de euros a las aportación del Gobierno a las corporaciones locales.
El departamento de Economía prometió un freno a los gastos de la Administración, así como la reducción de 2.200 empleados el año próximo, así como otros 4.000 maestros y profesores en la educación pública, debido al menor número de alumnos.
También se prevé una reforma de las ayudas a las empresas a fin de incitarles a aumentar los salarios más bajos, así como una reducción a las ayudas a las compañías por el aprendizaje de los jóvenes. Actualmente, hay una ayuda de 6.000 euros por la contratación de un aprendiz.
Además, Armand prometió una reforma a fondo del funcionamiento del Estado para optimizar su funcionamiento y el uso de recursos.
El ministro de Economía insistió en que la reducción del déficit y el control de la deuda son también una cuestión "de soberanía" y de "credibilidad".
Francia pagará este año 50.000 millones de euros solamente en intereses de su deuda pública.
El anuncio del proyecto de presupuesto llega un día antes de que la agencia de calificación Fitch divulgue mañana su calificación de la deuda francesa, mientras que Moody's lo hará el próximo días 25 y S&P el 29 de noviembre.
Dada su minoría en la Asamblea Nacional, el Gobierno necesitará el apoyo o la abstención de uno de los dos grandes bloques opositores, la izquierda y la extrema derecha, salvo que apruebe el presupuesto sin votación parlamentaria, lo que le podría exponer a una moción de censura.
Y las reacciones iniciales de la oposición fueron muy críticas. "Este presupuesto es una calamidad", resumió el fundador de la formación izquierdista La Francia Insumisa, Jean Luc Mélenchon. Su partido criticó el recorte de profesores y el aumento de los impuestos sobre la electricidad.
En el extremo opuesto del arco político, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen criticó el retraso en la revalorización de las pensiones, así como que al final el aumento de recaudación sobre los más ricos sea muy inferior a la recaudación extra de las clases populares y medias.
El bloque macronista, el principal apoyo del Gobierno, ya criticó ayer el aumento de impuestos sin haber profundizado suficientemente el recorte de gastos.
La principal organización patronal, Medef, advirtió de que los mayores costes a las empresas podrían traducirse en una reducción del empleo, con "cientos de miles" de puestos de trabajo en peligro, según calculó su presidente, Patrick Martin.
El Consejo de Finanzas Públicas, un órganismo supervisor independiente, considera por su parte que las previsiones del Gobierno sobre ingresos y gastos son "un poco optimistas" y se basan en información "poco documentada", según advirtió hoy su presidente, Pierre Moscovici, en una rueda de prensa. EFE
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