El fiscal general pide amnistiar también la malversación de los independentistas catalanes

Madrid, 14 jun (EFE).- El fiscal general español, Álvaro García Ortiz, ordena a los cuatro fiscales que participaron en el juicio del proceso independentista catalán ilegal de 2017 que pidan al Tribunal Supremo que aplique la amnistía a todos los delitos de los líderes secesionistas condenados o solo procesados, incluido el de malversación.

García Ortiz considera que la malversación atribuida a esos líderes soberanistas para sufragar el proceso independentista no supuso una "amenaza grave para los intereses financieros" de la Unión Europea, y, por tanto, entraría en el ámbito de la ley de amnistía, al contrario de que piensan esos cuatro fiscales que investigaron el caso.

García Ortiz ha enviado a la cúpula fiscal un informe jurídico, al que ha tenido acceso EFE, en el que concluye que "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados".

Así se refiere a las ordenes nacionales de detención del expresidente regional catalán, Carles Puigdemont, principal artífice del proceso independentista, y otros dos huidos de la justicia española.

"Desde el momento en que se advierta que opera una causa de extinción de la responsabilidad criminal sobre un sujeto es imperativo" su alzamiento, acorde con el "imperio de la ley", según argumenta.

El fiscal general pide amnistiar a los cuatro condenados que aún cumplen penas de inhabilitación para ejercer cargo público por la malversación, así como a los tres huidos no juzgados, entre ellos Puigdemont.

García Ortiz se dirige a los cuatro fiscales citados para decirles que los delitos "se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación" de la ley de amnistía.

Y, por consiguiente, "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", en referencia a Puigdemont y los otros dos procesados huidos.

El perjuicio a los intereses económicos europeos es una de las cláusulas que la ley deja fuera de la amnistía y uno de los asuntos clave a la hora de decidir sobre su aplicación a los condenados y fugados.

El fiscal general considera que el desvío de dinero público para financiar el proceso independentista "no presupone ánimo de enriquecimiento" ni la "obtención de un beneficio patrimonial personal" y, por tanto, entraría dentro de la amnistía.

La polémica ley española de amnistía, acordada entre los socialistas (en el Gobierno) y los partidos independentistas, entró en vigor el martes próximo tras ser aprobada por el Parlamento con la posición de los conservadores y la extrema derecha. EFE

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