La Fiscalía de Perú denuncia constitucionalmente a Boluarte por cohecho por el 'Rolexgate'

Lima, 27 may (EFE).- La Fiscalía de Perú presentó este lunes una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte "como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado" por el caso conocido como 'Rolexgate', relacionado con varios relojes de lujo que la mandataria lució sin haber declarado.

"La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y denuncias constitucionales, presentó hoy, ante el Congreso de la República, la denuncia constitucional contra Dina Ericilia Boluarte Zegarra, en su condición de presidenta de la República, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado", detalló el Ministerio Público en la red social X.

La denuncia constitucional es un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, quien goza de inmunidad.

Está dirigida al Congreso, cuya Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe determinar su procedencia antes de iniciar un periplo parlamentario que termina en el pleno, que, en última instancia, deberá determinar si recomienda acusar a Boluarte por este caso.

La primera vez que se utilizó esta figura contra un presidente en ejercicio fue durante el mandato de Pedro Castillo, lo que abrió entonces un debate jurídico, puesto que el artículo 117 de la Constitución recoge que un presidente en ejercicio solo puede ser acusado por traición a la Patria, impedir las elecciones presidenciales parlamentarias, regionales o municipales o por disolver el Congreso de forma irregular.

La denuncia contra Boluarte fue enviada al presidente del Congreso, Alejandro Soto. En primer lugar, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales verificará los datos formales de la denuncia.

Detalla que los hechos están referidos a que la presidenta "habría recibido -en calidad de donación- del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, tres relojes de la marca 'Rolex', un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera 'Bangle' con 94 brillantes con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República".

La denuncia cuenta con 63 páginas en las que el Ministerio Público expone sus argumentos y pruebas para demostrar que la mandataria habría cometido el delito referido.

La tesis fiscal sostiene que la compra de relojes y joyas por parte del gobernador coinciden con visitas que este realizó a Boluarte, y afirma que el Ejecutivo ha emitido varios decretos de urgencia y decretos supremos que habrían beneficiado al gobernador y su región.

Lo que indicaría que la presidenta habría actuado "dolosamente" al recibir como "donaciones" estos objetos.

En marzo, una investigación periodística del portal La Encerrona mostró que la mandataria contaba con una gran colección de relojes de lujo que no había declarado a la autoridad electoral, lo que desembocó más tarde en la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía.

Boluarte dijo en un primer momento que los relojes eran suyos "fruto de su esfuerzo", pero semanas después reconoció que "eran un préstamo", de su amigo Oscorima y afirmó que había sido "un error político" aceptar dicha donación.

Lima, 27 may (EFE).- El ministro del Interior de Perú, Juan José Santiváñez, recordó este lunes que la presidenta Dina Boluarte cuenta con inmunidad y que, en última instancia, es el Congreso el que decide sobre cualquier denuncia constitucional que se pueda presentar en su contra.

Santiváñez habló con periodistas y señaló que aún no conocía los detalles de una denuncia que presentó contra Boluarte la Fiscalía, "como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado" por el caso conocido como 'Rolexgate', relacionado con varios relojes de lujo que la mandataria lució sin haberlos declarado.

"La presentación de una denuncia constitucional no necesariamente implica que en un juzgamiento se puede encontrar una culpabilidad", sostuvo, antes de recordar que "en este caso estamos ante una funcionaria aforada y tiene que ser el Congreso el que debe autorizar" cualquier investigación contra la mandataria.

El ministro consideró, sin embargo, que la denuncia de la Fiscalía "debería desestimarse" y agregó que "la formulación de cualquier tipo de denuncia tiene que estar fundamentada por graves elementos de convicción".

Admitió que "todo funcionario público cuando decide asumir un rol está supeditado a investigaciones", pero ratificó que "al ser una denuncia constitucional tiene que pasar por el Congreso, que finalmente tendrá que determinar" si es "sometida a un juez posteriormente, cuando corresponda".

El ministro recordó, además, que actualmente hay una demanda de competencias que ha presentado el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra las acciones que toma el Ministerio Público y el Poder Judicial contra la gobernante.

"Lo razonable y jurídico sería esperar lo que el Tribunal Constitucional pueda resolver", enfatizó.

La denuncia contra Boluarte fue presentada por la Fiscalía ante el Congreso en un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios, entre ellos la presidenta, quien goza de inmunidad.

La primera vez que se utilizó esta figura contra un gobernante en ejercicio fue durante el mandato de Pedro Castillo (2021-2022), lo que abrió entonces un debate jurídico, puesto que el artículo 117 de la Constitución recoge que un presidente solo puede ser acusado por traición a la Patria, impedir las elecciones o por disolver el Congreso de forma irregular.

En el caso de Boluarte, en marzo pasado, una investigación periodística del portal La Encerrona reveló que la mandataria contaba con una gran colección de relojes de lujo que no había declarado a la autoridad electoral, lo que desembocó más tarde en la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía.

Boluarte dijo en un primer momento que los relojes eran suyos "fruto de su esfuerzo", pero semanas después reconoció que "eran un préstamo" del gobernador de la región de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y agregó que había sido "un error político" aceptarlos.

La tesis fiscal sostiene ahora que la compra de relojes y joyas por parte del gobernador coinciden con visitas que este realizó a la presidenta, y afirma que el Ejecutivo emitió varios decretos que habrían beneficiado al gobernador y su región.

Lo que indicaría que la jefa de Estado habría actuado "dolosamente" al recibir como "donaciones" estos objetos.