San José, 23 may (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, a petición del presidente Daniel Ortega, aprobó este jueves una reforma a la Ley de Carrera Judicial y Ley Orgánica del Poder Judicial en la que suprime el fondo de ahorro y pensiones a los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, en medio de roces entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
La enmienda, aprobada de forma unánime por los 91 diputados que integran el Poder Legislativo, reconoce al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) como el único ente del país encargado de la seguridad social y las jubilaciones.
Por tanto, la reforma suprime el denominado fondo complementario de ahorro y pensiones que era utilizado para préstamos con tasas preferenciales y una pensión de retiro adicional a la del INSS para los magistrados, jueces y funcionarios de la carrera judicial.
Los legisladores sandinistas, como Carlos Emilio López, explicaron en el pleno que esa reforma "evidencia que el Estado de Nicaragua se guía por los principios de justicia social, jurídica, equidad, igualdad y el respeto a los principios de supremacía constitucional y absoluta observancia y el respeto al sistema único de Seguridad Social".
"Esta Ley establecía algunas disposiciones de Seguridad Social, materia que no es competencia del Poder Judicial", indicó López.
Además del Poder Judicial, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional tienen un fondo de retiro adicional al del INSS.
"Hoy, en estos nuevos tiempos, estamos reorganizando el Estado bajo los principios de igualdad y universalidad de derechos, en este caso todos los asuntos de Seguridad Social pasan al sistema único de Seguridad Social, rectorados por su órgano competente y especializado en esta materia, que es el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social", anotó López.
No obstante, ni el Ejecutivo ni el Parlamento han planteado una reforma por el tema de las pensiones al Instituto de Previsión Social Militar (IPMS) del Ejército de Nicaragua, ni al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (Issdhu) de la Policía Nacional, dos de los pilares del presidente Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007.
En enero pasado, el Parlamento aprobó en segunda legislatura una reforma a la Constitución Política y otra a la Ley Orgánica del Poder Judicial que elimina el porcentaje mínimo del 4 % del Presupuesto General de la República que, por ley, se asignaba al Poder Judicial.
En noviembre de 2023, los diputados también reformaron la Ley orgánica del Poder Judicial para incluir los cambios realizados en la Carta Magna, incluido el artículo que establecía que la modificación de las partidas presupuestarias se originaba únicamente por solicitud de la Corte Suprema y que era aprobada luego por el Parlamento.
La reforma constitucional, la nueva ley y las enmiendas de este jueves fueron aprobadas en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se encuentra "intervenida" por la Policía Nacional.
Según la prensa local, la Policía ha detenido a decenas de empleados del Poder Judicial, incluyendo su presidenta Alba Luz Ramos, quien fue desalojada de su oficina y enviada a su casa, donde permanece rodeada de patrullas policiales y estaría bajo investigación.
Ni la Policía Nacional ni la Corte Suprema se han referido desde noviembre pasado a la fecha a esas presuntas detenciones e investigaciones, y Ramos, a quien no se le ve en público, dejó de participar en los actos oficiales que encabeza el presidente Ortega.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. EFE
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