Madrid, 10 may (EFE).- El Club de Exportadores e Inversores Españoles rechazó este viernes la decisión del ministro español de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de pedir a las empresas españolas con actividad en Israel medidas para evitar contribuir "al genocidio en Palestina".
En un comunicado, esta asociación subraya que dichas compañías que comercian u operan con Israel "se ajustan a la legalidad internacional".
De esta manera, se oponen a lo que consideran un intento del ministro de hacer recaer sobre éstas "la responsabilidad de supervisar cuestiones que evidentemente se escapan a sus posibilidades de control y que no están sometidas a sanciones por parte de la Unión Europea".
El izquierdista Bustinduy ha comenzado a enviar cartas a empresas españolas con actividad en Israel para pedirles que adopten las medidas necesarias para evitar que sus actividades "contribuyan al genocidio en Palestina", informó su departamento este miércoles en un comunicado.
El club empresarial resalta que la única obligación de las empresas españolas debe ser "el estricto cumplimiento de la legalidad española y del país donde operen, en este caso Israel, en el contexto de lo que la Unión Europea disponga al respecto".
Y hace hincapié en que el Ministerio de Derechos Sociales "carece de competencias en la materia" e "invade las áreas correspondientes a las carteras de Asuntos Exteriores y Economía".
La asociación insiste en que es una organización "partidaria de la paz y de las soluciones negociadas a los conflictos", que además "condena cualquier violencia ejercida sobre población civil, sea cual sea el bando que la realice".
Tras conocerse la carta ministerial, la embajada de Israel en España emitió una comunicado para oponerse a lo que considera "falsa acusación" difundida por algunos ministros españoles, en referencia a Bustinduy, de que se está cometiendo "un genocidio" en Palestina con las operaciones israelíes en la Franja de Gaza.
Bustinduy pertenece a la fuerza política de izquierdas Sumar, que dirige varios ministerios en el gobierno español de coalición, mientras que otros, como Asuntos Exteriores y Economía, forman parte del área socialista.
Estos dos últimos ministerios manifestaron en su momento que desconocían la iniciativa de Derechos Sociales. EFE
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